Nelson La Madrid recibe amenazas continuadas

El 15 de mayo de 2018, dos policías intentaron detener al abogado y defensor de derechos humanos Nelson La Madrid cuando este se encontraba en la estación de autobuses de Cochabamba. El defensor iba a viajar desde la ciudad de Cochabamba hasta Lagunillas para participar en el litigio sobre el Proyecto Hidroeléctrico Rositas. Al día siguiente, el 16 de mayo de 2018, el Juez del caso declaró improcedente la acción popular interpuesta por las comunidades indígenas en contra del Proyecto Hidroeléctrico Rositas.

El defensor de derechos humanos Nelson La Madrid, representa a las comunidades indígenas guaraníes Tatarenda Nuevo y Yumao en el caso contra la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia ENDE, que tiene como objetivo impedir la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Rositas.  Nelson La Madrid sostiene que la presión por parte del equipo legal de ENDE y la Procuraduría General de la Nación tuvo como resultado que dos jueces decidieran declararse incompetentes para decidir sobre el caso y un tercer juez declarara improcedente la acción popular, que hubiera garantizado la protección de las comunidades indígenas, cuyos medios de vida se verán seriamente afectados por el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Rositas.

El 15 de mayo de 2018, Nelson La Madrid fue abordado por dos policías mientras se encontraba esperando un autobús en la estación de autobuses de Cochabamba. Los policías, quienes rehusaron identificarse o mostrar una orden de detención, insistieron en que el defensor debía acompañarlos a la comisaría debido a una presunta denuncia en su contra. Nelson La Madrid se negó a ser detenido sin una orden de arresto, y después de varios minutos, los policías lo dejaron en libertad, bajo la condición de que cuando regresara de Lagunillas se personase en la comisaría de Cochabamba. Posteriormente, el defensor fue informado de que no había registro de ninguna denuncia en su contra. Nelson cree que el incidente descrito tenía el objetivo de intimidarle e impedirle asistir a la audiencia del caso sobre el Proyecto Hidroeléctrico Rositas.

El 16 de mayo de 2018 se celebró una audiencia sobre el caso y el Juez Guido Castellón declaró improcedente la acción popular presentada por las comunidades indígenas de  Tatarenda Nuevo y Yumao. Según el juez, los demandantes debían haber refutado la vigencia de la Ley 940 de 1987, que permite el desarrollo del proyecto. El juez también destacó en su decisión que el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas no fue vulnerado en ningún momento, ya que el contrato entre el gobierno boliviano y la compañía de origen chino -responsable por el  Proyecto Hidroeléctrico Rositas- es solo una propuesta para un futuro contrato y por ende no está vigente. Nelson La Madrid aseguró que apelaría esta decisión ante el Tribunal Constitucional de Bolivia.

Front Line Defenders expresa su preocupación sobre la creciente intimidación que enfrentan todos aquellos involucrados en el caso del Proyecto Hidroeléctrico Rositas. Las intimidaciones en contra de los jueces involucrados en el caso socava el ejercicio del derecho al debido proceso de las comunidades afectadas, mientras que las intimidaciones en contra de Nelson La Madrid obstaculizan el derecho de las comunidades indígenas a defender sus derechos. Front Line Defenders considera que Nelson La Madrid ha sido víctima de  intimidaciones debido a la labor que realiza por la defensa de los derechos humanos.

El próximo 30 de abril de 2018, el nuevo juez que fue asignado para decidir sobre el caso de Proyecto Hidroeléctrico Rositas celebrará una audiencia para decidir el fondo de la acción popular interpuesta por la comunidades indígenas Guaraní Tatarenda Nuevo y Yumao.

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El defensor de derechos humanos Nelson La Madrid representa a las comunidades indígenas guaraníes Tatarenda Nuevo y Yumao en el caso contra la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia ENDE, oponiéndose la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Rositas. El defensor considera que, debido a la sensibilidad política del caso, los jueces han sido intimidados con el objetivo de retardar la decisión del caso. En menos de un mes dos jueces se han declarado incompetentes para conocer del caso, por falta de jurisdicción territorial. Nelson La Madrid cree que la presión por parte del equipo legal de ENDE y los abogados pertenecientes a la Procuraduría General de la Nación tuvo como resultado que ambos tribunales tomaran la decisión de declararse incompetentes para decidir sobre el caso.

El pasado 4 de abril de 2018, el Juez Óscar Ortiz se declaró incompetente para decidir sobre el caso, sobre la base de que no cuenta con la competencia territorial para ello, por lo que ordenó que dicha acción fuera remitida al Juzgado de Turno del departamento de Santa Cruz. El caso fue remitido al Juzgado Mixto de Camiri en el departamento de Santa Cruz. No obstante, el 13 de abril de 2018, el Juez Ernesto Valverde, a quien le fue asignado al caso en Camiri, también se declaró incompetente para conocer del mismo por falta de competencia territorial y ordenó que la acción fuese revisada por otro juez en la localidad de Lagunillas, ubicada también en el departamento de Santa Cruz.

El nuevo Juez celebrará una audiencia para decidir sobre el fondo el caso el lunes, 30 de abril de 2018. Nelson La Madrid teme que el nuevo juez también se inhiba de conocer el caso, consumando la denegación de justicia a las comunidades de Tatarenda Nuevo y Yumao al seguir retardando el proceso y drenando sus recursos económicos.

El 25 de abril de 2018, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, le pidió al Juzgado de Santa Cruz que decida sobre el caso Rositas, estableciendo que el no puede entender cómo algunas familias y comunidades pueden oponerse a los sueños de todo el departamento. El Presidente también dijo que él no ha recibido ninguna propuesta para proteger los intereses de aquellos que se oponen al proyecto hidroeléctrico Rositas.

El pronunciamiento del Presidente Morales está alineado a las declaraciones del Ministro de Energía y del Presidente de ENDE. Durante una conferencia de prensa, el 3 de abril de 2018, el Ministro de Energía de Bolivia, etiquetó como “malas personas” a aquellos que han estado involucrados en la acción popular sobre el proyecto hidroeléctrico, estableciendo que sólo buscan una compensación monetaria por encima de los proyectos de desarrollo en sus comunidades. El Ministro le pidió a los habitantes de Santa Cruz que defiendan el proyecto hidroeléctrico.

Front Line Defenders expresa su preocupación sobre la creciente intimidación que enfrentan los jueces involucrados en el caso, situación que en definitiva socava el ejercicio de derecho al debido proceso de las comunidades afectadas. Front Line Defenders también expresa preocupación sobre la creciente persecución e intimidación a personas defensoras de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas en Bolivia, incluyendo los repetidos pronunciamientos por parte de altas autoridades, quienes generan un mayor riesgo de que dichas personas defensoras sufran ataques físicos, amenazas y acoso.

El abogado y defensor de derechos humanos Nelson La Madrid ha recibido en varias ocasiones amenazas de muerte a través de llamadas y mensajes de texto desde que se interpuso una acción popular en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico Rositas, el 28 de marzo de 2018. La demanda está dirigida a prevenir la construccion del proyecto hidroelectrico Rositas, ya que no ha existido una consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas afectadas.

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La consecución del Proyecto Hidroeléctrico Rositas inundaría 45 mil hectáreas de tierra, afectando el territorio de doce comunidades guaraní (aproximadamente 500 familias). La Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE) continua la consecución del proyecto sin realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades guaraníes afectadas, requisito exigido por el derecho internacional y el artículo 30 de la Constitución Boliviana.

El 28 de marzo de 2018, Nelson La Madrid recibió una llamada anónima, en la cual una voz distorsionada le advirtió que lamentaría las consecuencias en caso de que siguiera con el proceso legal en contra del proyecto hidroeléctrico Rositas. El 31 de marzo de 2018, el defensor recibió un mensaje que decía lo siguiente: “si insistes, tu Semana Santa será muy santa”. Igualmente, el 2 de abril de 2018, Nelson el recibió otra llamada anónima en la cual se le advirtió que no llegaría a la audiencia del caso que representa.

Ésta no es la primera vez que Nelson La Madrid recibe amenazas de muerte debido al trabajo que realiza con las comunidades guaraní. En noviembre de 2017, el defensor se encontraba regresando de una visita a la comunidad de Tatarenda Nuevo en Santa Cruz, prevista para preparar la demanda legal, cuando recibió un mensaje que decía “Feliz viaje en autobús, lucero, puede que no llegues a Cochabamba”.

El 29 de marzo de 2018, el Juzgado Público de Familia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba admitió la acción popular interpuesta por la comunidades indígenas afectadas y resolvió que la ENDE suspendiera todas las actividades, tanto administrativas como legales, relacionadas con la construcción de la planta hidroeléctrica Rositas, hasta que se decida el fondo de la demanda interpuesta.

La audiencia sobre el presente caso esta fijada para el día 4 de abril de 2018. El defensor de derechos humanos Nelson La Madrid y las comunidades Tatarenda Nuevo y Yumao, a las que representa, temen que las amenazas y represalias en su contra se incrementen en el curso del proceso legal.

Front Line Defenders expresa su preocupación por la seguridad del defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Nelson La Madrid. No obstante, Front Line Defenders expresa mayor preocupación por la creciente persecución e intimidación en contra de las defensoras y los defensores ambientales y de los pueblos indígenas en Bolivia, así como los riesgos que estos enfrentan diariamente por proteger los territorios ancestrales y medios de vida de las comunidades indígenas ante el impacto negativo de los proyectos extractivos.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Bolivia a que:

1. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Nelson La Madrid, en concordancia con las necesidades y preferencias expresadas por el defensor;

2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas  de muerte en contra de Nelson La Madrid, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

3. Garanticen, bajo cualquier circunstancia, que los defensores y defensoras de los derechos humanos en Bolivia puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones.