Policía Nacional confisca dos vehículos de Francisca Ramírez
El 1 de diciembre de 2016, una camioneta y un camión pertenecientes a la defensora de la tierra y el medio ambiente Sra Francisca Ramírez fueron confiscados por la Policía Nacional.
El 1 de diciembre de 2016, una camioneta y un camión pertenecientes a la defensora de la tierra y el medio ambiente Sra Francisca Ramírez fueron confiscados por la Policía Nacional. Aparentemente, los vehículos fueron confiscados en represalia por su liderazgo en una mobilización masiva de campesinos y pueblos indígenas que se oponen a la construcción de un canal inter-oceánico. Francisca Ramírez es una campesina y la incautación de sus vehículos -los cuales usa para transportar y vender su cosecha- pone en riesgo su medio de subsistencia y su capacidad para continuar con su trabajo de derechos humanos.
Francisca Ramírez es la Coordinadora del Consejo por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, un movimiento social que se opone a la construcción de un canal inter-oceánico financiado por la companía HKND Group, basada en Hong Kong. El mega-proyecto desplazaría a miles de campesinos y comunidades indígenas en lugares tales como Nueva Guinea y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), sin respetar su derecho al consentimiento previo, libre e informado. El objetivo principal del Consejo es la derogación de la Ley 840, la cual otorga una concesión de 100 años a HKND Group sobre la ruta del canal. Francisca Ramírez, originaria de La Fonseca, Nueva Guinea, ha sido intimidada y detenida arbitrariamente, e integrantes de su familia han sido agredidos en represalia a su activismo.
El 10 de diciembre de 2016, la estación de policía de Nueva Guinea devolvió los vehículos que le habían incautado a la defensora de la tierra y el medio ambiente Sra. Francisca Ramírez, pero a la fecha no le ha compensado por los perjuicios realizados a sus vehículos mientras estuvieron en posesión de la policía. Sus vehículos fueron retenidos el 1ro de diciembre de 2016, cuando la Policía Nacional los incautó sin presentar una orden o dar ninguna justificación oficial. En tanto que campesina, la defensora depende de sus vehículos para poder vender sus productos.
Francisca Ramírez es la Coordinadora del Consejo por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, un movimiento social que se opone a la construcción de un canal inter-oceánico financiado por la companía HKND Group, basada en Hong Kong. El mega-proyecto desplazaría a miles de campesinos y comunidades indígenas en lugares tales como Nueva Guinea y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), sin respetar su derecho al consentimiento previo, libre e informado. El objetivo principal del Consejo es la derogación de la Ley 840, la cual otorga una concesión de 100 años a HKND Group sobre la ruta del canal. Francisca Ramírez, originaria de La Fonseca, Nueva Guinea, ha sido intimidada y detenida arbitrariamente, e integrantes de su familia han sido agredidos en represalia a su activismo.
El 10 de diciembre de 2016, después de reunirse con el comisionado mayor de la Policía de Nueva Guinea Sr. Andrés García y el comisionado Sr. Octavio Galeano, la defensora pudo por fin recuperar sus vehículos. Los parabrisas de los vehículos habían sido quebrados. No se ha establecido si las autoridades compensarán a la defensora de derechos humanos por los prejuicios a su propiedad mientras estuvieron en su custodia.
El 1ro de diciembre de 2016, Francisca Ramírez se encontraba en Managua para denunciar la represión de protestas pacíficas por parte de las autoridades entre el 27 de noviembre y el 1ro de diciembre. Ese día, la defensora recibió una llamada que uno de sus camiones había sido dañado e incautado junto a otro de sus vehículos. Los dos vehículos fueron llevados a la estación de policía de Nueva Guinea donde permanecieron hasta que fueron devueltos a su propietaria. En tanto que campesina, Francisca Ramírez depende de sus vehículos para transportar sus productos en el mercado y venderlos. Al incautar sus vehículos, las autoridades Nicaragüenses ponen en riesgo su medio de subsistencia y su abilidad para realizar su trabajo de derechos humanos.
Front Line Defenders recibe con agrado la decisión de las autoridades Nicaragüenses de devolver a Francisca Ramírez sus vehículos, sin embargo urge a las autoridades relevantes a compensarle por los daños que experimentaron sus pertenencias mientras estuvieron en custodia de la policía. Front Line Defenders le recuerda respetuosamente al gobierno de Nicaragua sus obligaciones para con los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en lo que respecta la obligación de las autoridades competentes de protegerles contra cualquier forma de violencia, represalia o cualquier otra arbitrariedad que se dé como resultado de su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos humanos.
El 1 de diciembre de 2016, una camioneta y un camión pertenecientes a la defensora de la tierra y el medio ambiente Sra Francisca Ramírez fueron confiscados por la Policía Nacional. Aparentemente, los vehículos fueron confiscados en represalia por su liderazgo en una mobilización masiva de campesinos y pueblos indígenas que se oponen a la construcción de un canal inter-oceánico. Francisca Ramírez es una campesina y la incautación de sus vehículos -los cuales usa para transportar y vender su cosecha- pone en riesgo su medio de subsistencia y su capacidad para continuar con su trabajo de derechos humanos.
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El 1 de diciembre de 2016, Francisca Ramírez se encontraba en Managua para denunciar la represión de protestas pacíficas por parte de las autoridades, cuando recibió una llamada anunciando que su camioneta había sido destruida y había sido confiscada junto con otro de sus vehículos. Sus vehículos estaban estacionados en dos ubicaciones distintas cuando fueron confiscados, uno en El Boninche y el otro en La Lechera. Sus vehículos fueron llevados a la estación de policía de Nueva Guinea, donde han permanecido desde ese entonces. El 5 de diciembre, Francisca Ramírez se presentó a la estación para recuperar sus vehículos. Imágenes y videos publicados por medios de comunicación locales muestran a numerosos oficiales de policía resguardando los dos vehículos, los cuales parecen haber sido dañados. Parece ser que a uno de los vehículos le dispararon en el parabrisas. A Francisca Ramírez no le han presentado una orden de embargo para justificar la incautación de su propiedad. En tanto que campesina, ella depende de sus vehículos para poder transportar sus productos y venderlos. Al confiscar sus vehículos, las autoridades Nicaragüenses ponen en riesgo su medio de subsistencia y su capacidad para continuar con su trabajo de derechos humanos.
Entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2016, manifestantes de todo el país intentaron mobilizarse hacia la capital para marchar en contra de la construcción del canal inter-oceánico y denunciar la falta de transparencia en las elecciones generales del 6 de noviembre de 2016. Defensores y defensoras de derechos humanos reportaron que los conductores que llevaban a manifestantes a la capital para la mobilización fueron acosados por las autoridades. Además, defensores/as y líderes/as sociales viajando en transporte público fueron registrados y acosados. Varios manifestantes y líderes/as comunitarios fueron detenidos, pero ya han sido liberados. Defensores y defensoras de derechos humanos en El Tule, Nueva Guinea y la RAAS reportaron el uso de gas lacrímogeno, balas de caucho y balas reales contra manifestantes por parte de la policía .
Durante esos mismos días, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, realizó una visita a Nicaragua donde se encontró con el Presidente, los partidos de oposición, el sector privado y la sociedad civil – incluyendo una reunión con Francisca Ramírez.
Front Line Defenders condena la incautación arbitraria de la propiedad de Francisca Ramírez, la cual parece ser en represalia a su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos.
Front Line Defenders insta a las autoridades en Nicaragua a que:
1. Devuelvan inmediatamente su propiedad a Francisca Ramírez, ya que parece ser que fue incautada en represalia a su trabajo legítimo y pacífico en defensa de los derechos humanos;
2. Compensen apropiadamente a Francisca Ramírez por cualquier daño que haya sufrido su propiedad mientras haya estado en custodia de la policía;
3. Cesar inmediatamente cualquier forma de acoso contra Francisca Ramírez;
4. Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras en Nicaragua puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libre de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial.
