Asesinato de María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez

El 25 de agosto de 2013, a las 17:00 horas aproximadamente, tres defensoras/es de derechos humanos, Sra María Enriqueta Matute, Sr. Armando Fúnez Medina y Sr. Ricardo Soto Fúnez, fueron asesinados en un ataque armado. Los tres pertenecían a varias comunidades de etnia tolupana en Locomapa, zona de Yoro, y habían participado en una protesta pacífica en contra de una operación minera de antimonio y la construcción de una represa hidroeléctrica en su zona indígena.

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El 25 de agosto, María Enriqueta Matute de la comunidad de San Francisco Campo, Armando Fúnez Medina de la comunidad Las Brisas, y Ricardo Soto Fúnez de la comunidad Cabeza de Vaca 1 participaban en una toma pacífica de la carretera en la aldea San Francisco Campo, donde bloqueaban la carretera hacia Locomapa con 150 otras personas indígenas tolupanas. Los manifestantes negaron el paso a todo tipo de tráfico. A las 17:00 horas aproximadamente, dos hombres de la zona se acercaron a los manifestantes y, tras una breve discusión, empezaron a disparar contra los tres defensores de derechos humanos. Según la fuente, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez murieron directamente; sin embargo, María Enriqueta Matute logró correr a su vivienda que estaba cercana, perseguida por los sicarios que la asesinaron allí. Se informa que hasta la fecha, la policía todavía no ha puesto en marcha ninguna investigación.

Varias comunidades indígenas de la región tomaban parte en el bloqueo, que empezó el 14 de agosto de 2013. Sin embargo, los habitantes de la zona ya organizan protestas sociales desde hace cuatro años, cuando una operación minera de antimonio se instaló en su zona. Además, se construye actualmente una represa hidroeléctrica y varias tierras ancestrales comunitarias han sido robadas por terratenientes locales. Ninguno de los proyectos de desarrollo de gran escala han cumplido con el debido proceso de consulta previa con la población. En julio de 2012, la comunidad envió una carta abierta al Ministerio de Justicia y a la Secretaria de Pueblos Indígenas sobre las acciones de un maderero local, cuyas operaciones de deforestación habían resultado en amenazas de muerte y arrestos arbitrarios de miembros de la comunidad que se oponían abiertamente contra las operaciones de minería y silvicultura.

Front Line Defenders manifiesta su profunda preocupación ante la muerte de estos tres defensores de derechos humanos y insta a las autoridades de Honduras a que garanticen que los perpetradores serán llevados a la justicia. Front Line Defenders expresa además su inquietud sobre el clima de inseguridad en que se encuentran los defensores de derechos humanos en Honduras que se está empeorando cada vez más, especialmente para aquéllos que defienden los derechos ambientales y aquéllos que pertenecen a grupos indígenas, quienes operan frecuentemente en un contexto marcado por un alto nivel de asesinatos y otros riesgos graves a su seguridad, aunque el perseguimiento judicial para crímenes contra ellos sigue siendo casi inexistente.

Front Line Defenders insta a las autoridades hondureñas a que:

1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los asesinatos de los/las defensoras/es de derechos humanos María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de las familias de los/las defensores/as de derechos humanos mencionados arriba, y de los otros participantes en las protestas sociales en Locomapa;

3. Aseguren que todos/as las/los defensores de derechos humanos en Honduras, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.