Historia del Caso: Sotero Adalberto Villatoro
El 22 de julio de 2016, el Tribunal A de Mayor Riesgo de ciudad de Guatemala ordenó la liberación inmediata de los Sres Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar, Mynor López, Bernardo Ermitaño López y Rigoberto Juárez. Los siete líderes indígenas y defensores de derechos ambientales estuvieron detenidos entre uno y tres años bajo cargos infundados motivados por su oposición pacífica a proyectos extractivos e hidroeléctricos en Huehuetenango. Los casos de los 7 de Huehuetenango fueron recientemente agrupados en un solo proceso y las audiencias públicas empezaron el 6 de julio de 2016.
Sotero Adalberto Villatoro trabaja en el municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango. Desde 2008, han tenido un papel importante en la defensa de los recursos naturales y han actuado como mediadores en conflictos entre la sociedad civil y las autoridades, en particular en relación con el proyecto hidroeléctrico de Santa Cruz Barillas, iniciado en 2008 por la empresa Hidro Santa Cruz (subsidiaria de una compañía española). Estos proyectos han enfrentado una oposición fuerte por parte de las comunidades indígenas del municipio, quienes creen que sus derechos a la consulta previa fueron violados por la empresa.
- Arriba
- Sobre
- 29 Julio 2016 : Tribunal ordena liberación inmediata de defensores indígenas y ambientales de Huehuetenango
- 13 Abril 2016 : Persiste la criminalización y detención preventiva de varios defensores de derechos al medio ambiente
- 25 Marzo 2015 : Detención continuada de tres defensores de los derechos medio ambientales
El 22 de julio de 2016, el Tribunal A de Mayor Riesgo de ciudad de Guatemala ordenó la liberación inmediata de los Sres Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar, Mynor López, Bernardo Ermitaño López y Rigoberto Juárez. Los siete líderes indígenas y defensores de derechos ambientales estuvieron detenidos entre uno y tres años bajo cargos infundados motivados por su oposición pacífica a proyectos extractivos e hidroeléctricos en Huehuetenango. Los casos de los 7 de Huehuetenango fueron recientemente agrupados en un solo proceso y las audiencias públicas empezaron el 6 de julio de 2016.
Los defensores de derechos humanos han sido mediadores en conflictos entre pueblos indígenas y autoridades estatales, en particular en lo que concierne la construcción de hidroeléctricas con apoyo gubernamental en Santa Cruz Barillas. La compañía Hidro Santa Cruz, subsidiaria guatemalteca de una companía española, empezó estas construcciones en el 2008.
En septiembre de 2013, el defensor de derechos humanos Mynor Manuel López fue arrestado después de que acusaciones sin fundamento fueron hechas en su contra por trabajadores de la subsidiaria local de la compañía energética Ecoener Hidralia Energía. El defensor estuvo detenido en la prisión de Huehuetenango por casi tres años. Entre enero y junio de 2015, los defensores de derechos humanos Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar, Bernardo Ermitaño López y Rigoberto Juárez también fueron arrestados en base a acusaciones sin fundamento en lo que parece haber sido una forma de represalia en su contra debido a su trabajo pacífico a favor de los derechos humanos y su rol como autoridades indígenas tradicionales en sus comunidades.
Las acusaciones hechas en contra de los defensores estuvieron aparentemente motivadas por su participación en varias protestas pacíficas en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz, funcionarios públicos del Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia y el ex alcalde del municipio de Santa Eulalia interpusieron denuncias contra los defensores. La Fiscalía basó ampliamente su investigación en un documento que les facilitó la compañía Hidro Santa Cruz; en este documento se acusa a los defensores de derechos humanos de formar parte de una red criminal en Huehuetenango. Los defensores permanecieron en prisión por la totalidad del proceso judicial.
El 22 de julio de 2016, el Tribunal A de Mayor Riesgo en ciudad de Guatemala, presidido por la Jueza Yassmín Barrios, ordenó la liberación inmediata de los 7 de Huehuetenango. Por decisión unánime, los jueces absolvieron a Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar y Mynor López de todos los cargos. Por decisión mayoritaria, los jueces declararon culpable a Bernardo Ermitaño López del delito de "obstrucción a la acción penal" y a Rigoberto Juárez culpable de "coacción". Sin embargo, los jueces ordenaron la liberación de ambos defensores dado al tiempo que ya habían pasado en prisión. La Jueza Presidenta Yassmín Barrios, una jurista de renombre internacional quien hizo historia con su veredicto en el caso de genocidio en contra del General Efraín Ríos Montt, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de los otros jueces de declarar culpables a los dos defensores de tales delitos. La Jueza Barrios también recalcó el rol de los jueces en lo que respecta la búsqueda de la verdad, la aplicación de la ley y el deber de operadores de justicia de no actuar en beneficio de intereses privados.
Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar todavía deben hacer frente a otras acusaciones relacionadas a una protesta anterior que habrían organizado frente a la hidroeléctrica de San Luis. La primera audiencia está prevista para abril de 2017.
Los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala están sistemáticamente sujetos a hostigamientos judiciales sin fundamento con el solo propósito de socavar su trabajo, deslegitimar las causas que defienden y dañar su credibilidad. El trabajo pacífico de defensoría de derechos humanos centrado alrededor de organizar y movilizar comunidades para abogar por intereses comunes ha sido estigmatizado por medios de comunicación y autoridades gubernamentales en numerosas ocasiones. La Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas ha notado que "una de las deficiencias más serias en términos de protección de derechos humanos en los últimos años es la tendencia a usar leyes y el sistema judicial para penalizar y criminalizar la protesta social y las demandas legítimas formuladas por organizaciones indígenas y movimientos en defensa de sus derechos".
Las observaciones de la Relatora coinciden con los hallazgos presentados en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos", en el cual se identifica el uso de detenciones arbitrarias como un mecanismo que impide el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en momentos cruciales para las causas por las cuales luchan. La Comisión también identificó una estrategia a través de la cual a los defensores se les imputan cargos serios, tales como homicidio o secuestro, para asegurarse que permanezcan en detención preventiva durante todo el proceso judicial.
Front Line Defenders recibe con agrado la decisión del Tribunal A de Mayor Riesgo de liberar a los siete defensores de derechos humanos después del período prolongado e injustificado de detención; sin embargo, condena la decisión de confirmar los cargos en contra de Bernardo Ermitaño López y Rigoberto Juárez. Front Line Defenders espera que, de acuerdo a las normativas internacionales a las que Guatemala ha suscrito, el Estado compense de forma apropiada a los defensores, quienes permanecieron injustamente en prisión.
Una nueva audiencia en el caso contra el defensor de derechos humanos y líder indígena Sr. Bernardo Ermitaño López Reyes debe ser llevada a cabo el 13 de abril de 2016. El 31 de marzo de 2016, el defensor de derechos humanos vio confirmados los cargos en su contra de detención ilegal, obstrucción a la justicia e incitación a delinquir por el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, que ordenó que el caso pase a la próxima etapa. La Corte desestimó los cargos de atentado, plagio y secuestro que habían sido anteriormente presentados contra él, debido a la falta de pruebas en su contra. Bernardo Ermitaño López Reyes permanece en prisión preventiva en Huehuetenango, junto con otros seis defensores de derechos humanos que también han sido objeto de falsas acusaciones, los Sres. Sotero Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Mynor López, Francisco Juan Pedro, Domingo Baltazar y Rigoberto Juarez.
Todos los defensores de derechos humanos antes mencionados trabajan en el departamento de Huehuetenango y han jugado un papel clave en la defensa de los derechos ambientales e indígenas en la región. Los defensores han actuado como mediadores en conflictos entre las comunidades indígenas y autoridades estatales, en particular en relación con el proyecto hidroeléctrico de gran escala en Santa Cruz Barillas, apoyado por el gobierno e iniciado en 2008 por la empresa Hidro Santa Cruz (subsidiaria en Guatemala de una empresa española). Estos proyectos han contado con una fuerte oposición por parte de las poblaciones locales, incluidas las comunidades indígenas, en medio de reportes de detenciones arbitrarias, represión, militarización y asesinatos de personas de la etnia maya q'anjob'al en el proceso de desarrollo del proyecto.
En la audiencia preliminar, que tuvo lugar el 31 de marzo de 2016, se confirmaron algunos de los cargos que se habían presentado contra Bernardo Ermitaño López Reyes el 9 de junio de 2015. El defensor de derechos humanos fue detenido el 2 de junio 2015 por la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) en la ciudad de Guatemala y se encuentra en prisión preventiva desde entonces.
Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo Juan también permanecen en prisión preventiva bajo cargos falsos, que incluyen amenazas, detención ilegal y asociación ilícita. Similarmente a lo ocurrido con Bernardo Ermitaño López Reyes, en octubre de 2015 se retiraron los cargos de plagio y secuestro en su contra, pero a pesar de esto, el proceso judicial continúa bajo otros cargos falsos. Los defensores de derechos ambientales fueron detenidos el 26 de febrero 2015, cuando la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente confirmó una decisión emitida por un tribunal inferior en enero de 2015, ordenando su detención preventiva.
Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar fueron detenidos el 24 de marzo de 2015 bajo falsas acusaciones de dirigir un grupo de personas para destruir las instalaciones de la hidroeléctrica en San Luis, jurisdicción de Santa Eulalia, en diciembre de 2014. A pesar de que se les ordenó arresto domiciliario por estas acusaciones, volvieron a ser detenidos el mismo día bajo diversas acusaciones relativas a la organización de barricadas para exigir la liberación de otros indígenas detenidos en Barillas, Huehuetenango. Los defensores de derechos humanos permanecen en prisión preventiva bajo cargos fabricados de coacción, amenazas, instigación a delinquir, obstaculización a la acción penal, plagio y secuestro.
La investigación y el proceso judicial contra los defensores han sido caracterizados por varias irregularidades. La Fiscalía ha basado su investigación en un documento emitido por la propia empresa Hidro Santa Cruz, en el cual los defensores de derechos humanos Bernardo Ermitaño López, Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez son acusados de formar parte en una red criminal en Huehuetenango.
La implementación de megaproyectos extractivos en Guatemala ha sido acompañada por numerosos casos de acoso e intimidación hacia personas que trabajan para defender los derechos de las poblaciones locales contra los abusos cometidos por las empresas extractivas. Existe una tendencia alarmante de acoso judicial y criminalización contra defensores/as indígenas que trabajan en estos temas, la cual ha venido en aumento desde 2014.
También es motivo de preocupación que cargos de secuestro hayan sido utilizados contra defensores/as de derechos humanos, con el único fin de mantenerles en detención preventiva por tiempo indeterminado, lo que les impide continuar su trabajo de derechos humanos. La detención preventiva prolongada y arbitraria es una tendencia identificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, publicado en 2015. De acuerdo con la legislación de Guatemala, si una persona se enfrenta a cargos de secuestro, él o ella puede ser mantenido/a en detención preventiva durante toda la duración del proceso. El caso de Bernardo Ermitaño López Reyes es un ejemplo, en el cual la justicia guatemalteca se demoró casi 10 meses - después de varios aplazamientos – para concluir la etapa preliminar del caso y pasar a la etapa siguiente.
Front Line Defenders manifiesta su preocupación por la continuación de los procedimientos penales contra Bernardo Ermitaño López Reyes, Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan, Rigoberto Juárez, Mynor López y Domingo Baltazar y su detención preventiva sin fundamento legal, en lo que creemos ser un claro intento de poner fin a su labor legítima en defensa de los derechos humanos y de disuadir a las comunidades guatemaltecas de intentar ejercer sus derechos. Además, expresamos nuestra preocupación por los persistentes intentos por parte de las autoridades de Guatemala decriminalizar a los/as defensores/as de derechos humanos en el país, y en particular a los defensores/as de derechos indígenas y ambientales.
Front Line Defenders insta a las autoridades guatemaltecas a que:
1. Liberen inmediata e incondicionalmente a Bernardo Ermitaño López Reyes, Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Pablo Arturo Juan, Rigoberto Juárez, Mynor López y Domingo Baltazar, y retiren todos los cargos en su contra, puesto que consideramos que están detenidos únicamente como consecuencia de su labor legítima y pacífica en defensa de los derechos humanos;
2. Retiren todos los cargos restantes contra Bernardo Ermitaño López Reyes, Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Pablo Arturo Juan, Rigoberto Juárez, Mynor López y Domingo Baltazar;
3. Garanticen en todas las circunstancias que todos/as los/as defensores/as de derechos humanos en Guatemala puedan llevar a cabo sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones;
Los defensores de los derechos medio ambientales Srs Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo Juan permanecen detenidos después del aplazamiento de la audiencia de revisión de su detención, que se suponía debía tener lugar el 6 de marzo de 2015. Están acusados de los delitos de amenazas, detención ilegal, coacción, plagio y secuestro. El 3 de marzo de 2015, los tres líderes de comunidades indígenas fueron traslados de la cárcel en Huehuetenango a la cárcel de prisión preventiva de la Ciudad de Guatemala.
Los defensores de derechos humanos fueron trasladados supuestamente por la posibilidad de que su comunidad llevase a cabo un intento de liberarles. No fueron notificados sobre la solicitud del traslado y no se es presentó ninguna prueba que acreditase las sospechas sobre un posible rescate. La fecha de la audiencia aún no ha sido reprogramada.
El 26 de febrero de 2015, la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango ordenó la detención preventiva de Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo Juan. Al hacerlo, la Corte de Apelaciones confirmó la decisión del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del municipio Santa Eulalia del 23 de enero de 2015. Esa resolución había sido revocada por el Juzgado de Primera Instancia de la misma jurisdicción, más tarde, el 23 de enero de 2015, pero la decisión de no imponer el auto de procedimiento fue objeto de un amparo constitucional presentado por la empresa Hidro Santa Cruz, un querellante adhesivo en el proceso.
Las acusaciones sin fundamento fueron instigadas por un empleado de Hidro Santa Cruz, el 23 de abril de 2013. El trabajador alegó que los defensores le detuvieron y le amenazaron para que renunciaría a su trabajo. El 25 de noviembre de 2013, la empresa se añadió al caso como querellante adhesivo. La decisión de la empresa ocurrió después de la organización de una asamblea de la comunidad en octubre de 2013 por defensores/as de derechos humanos. La asamblea tenia como objeto iniciar un diálogo con los empleados de Hidro Santa Cruz para evitar altercados con la población local. Durante la asamblea, se confirmaron acuerdos entre la empresa y la comunidad indígena de Barillas de respetar la no-violencia y las decisiones colectivas.
