Historia del Caso: Roberto Abel Jimenez Garcia
En la noche entre el 28 y 29 de octubre, cuatro defensores de derechos humanos, Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García fueron detenidos.
Tres de ellos han sido acusados de delitos federales, incluídos secuestro y robo agravado. Si son declarados culpables, pueden enfrentarse a penas de hasta 40 años de prisión.
Roberto Abel Jiménez García es integrante de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación - SNTE. La Sección 22 es un sindicato de maestros activo desde 1980. Entre sus actividades, la Sección ha organizado varias marchas y manifestaciones en diferentes partes de México con el fin de protestar contra la reforma educativa aprobada en 2013 sobre la base de que fue aprobada sin consulta previa. La Sección 22 también es activa en el apoyo a los presos políticos en México, entre otras cuestiones de derechos humanos.
En la noche entre el 28 y 29 de octubre, cuatro defensores de derechos humanos, Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García fueron detenidos.
Tres de ellos han sido acusados de delitos federales, incluídos secuestro y robo agravado. Si son declarados culpables, pueden enfrentarse a penas de hasta 40 años de prisión.
En la noche entre el 28 y el 29 de octubre de 2015, los cuatro defensores fueron detenidos en Oaxaca, México. Aunque la policía tenía órdenes de aprehensión, según hemos sido informados, estas no fueron mostradas a los defensores de derechos humanos. Jiménez García fue detenido por agentes armados no uniformados y que no portaban ningún tipo de identificación visible. Picaso Pérez fue detenido cuando viajaba en un vehículo privado, lo que indica que estaba siendo seguido. Los cuatro defensores de derechos humanos fueron llevados de Oaxaca a la Ciudad de México para ser presentados ante la Procuraduría General de la República (PGR). Todos se encuentran actualmente detenidos en la prisión de Almoloya, una prisión de máxima seguridad cerca de la Ciudad de México, a pesar de que sus casos están siendo investigados por Juzgados ubicados en la ciudad de Oaxaca.
Tras la detención, y en violación del procedimiento requerido por ley, los defensores de derechos humanos han estado sin comunicación con sus abogados y sin acceso a atención médica. Se presentó una acción de amparo el 29 de octubre, la cual ha sido parcialmente concedida, por lo que se espera que los defensores tengan acceso a su medicación. Sin embargo, hasta el 3 de noviembre, sus representantes legales no habían logrado comunicarse directamente con los defensores detenidos y, en base a la poca información disponible, creen que los defensores mismos aún no conocen los cargos a los que se enfrentan. Los representantes también han presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los defensores de derechos humanos se enfrentan a acusaciones de robo agravado, disturbios, daños a la propiedad y crímenes en contra de la riqueza nacional, entre otros, en razón de una serie de manifestaciones pacíficas y actividades que tuvieron lugar en julio de 2014, agosto 2014 y junio de 2015, en diferentes lugares del estado de Oaxaca.
En México se ha incrementado el uso indebido del sistema penal para criminalizar la defensa de los derechos humanos, especialmente en el contexto de la protesta social. Por ejemplo, es común la aplicación de tipos penales abiertos, vagos y ambiguos que criminalizan y restringen el trabajo de las y los defensores de derechos humanos, entre ellos los delitos de "privación de libertad", "ataques a las redes de comunicación" y "los crimenes contra la riqueza nacional". Asimismo, en México se hace un uso desmedido de la prisión preventiva contra personas que llevan a cabo actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos.
