Historia del Caso: María Edith Escalón Portilla
El 5 de septiembre de 2015, la defensora de derechos humanos e integrante de la organización de derechos humanos Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales – DESIDE, Sra María Edith Escalón Portilla, interpuso una queja formal ante el Procurador General del Estado de Veracruz en relación a las amenazas, actos de intimidación y vigilancia de la que han sido objeto ella y otros integrantes de la organización durante las últimas semanas (detallados abajo).
Este fue de hecho el último caso en cual trabajaron los defensores de derechos humanos Sr Rubén Espinosa y Sra Nadia Vera antes de ser asesinados el 31 de julio de 2015 en el Distrito Federal.
María Edith Escalón Portilla es miembra de Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales – DESIDE, una organización de base con sede en Veracruz que trabaja para dar una respuesta inmediata a violaciones de derechos humanos en el momento en que ocurren. Han apoyado a comunidades en la reivindicación de sus derechos frente a proyectos ilegales de desarrollo en sus tierras, así como respaldado a la gente en la denuncia y visibilización del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
El 5 de septiembre de 2015, la defensora de derechos humanos e integrante de la organización de derechos humanos Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales – DESIDE, Sra María Edith Escalón Portilla, interpuso una queja formal ante el Procurador General del Estado de Veracruz en relación a las amenazas, actos de intimidación y vigilancia de la que han sido objeto ella y otros integrantes de la organización durante las últimas semanas, detallados a continuación.
El 28 de agosto de 2015, la Sra María Edith Escalón Portilla, así como su compañera de DESIDE, la Sra Giovanna Mazzotti Pabello, recibieron correos electrónicos en los cuales se les advirtió de que eran “las mejores candidatas para ser la siguiente Nadia”, en referencia a Nadia Vera, la defensora de derechos humanos asesinada en julio de 2015 en el Distrito Federal. Los correos también les advertían de que “se calmarán” o serían secuestradas. Uno de los jóvenes activistas que fue atacado el 5 de junio de 2015 también recibió un correo parecido. Cabe destacar que el día anterior al que recibieron estos correos amenazantes, el 27 de agosto de 2015, María Edith Escalón Portilla y Giovanna Mazzotti Pabello, junto con el defensor de derechos humanos y integrante de DESIDE, Sr Julián Ramírez Olivares, atestiguaron ante el Procurador General del Distrito Federal su conocimiento de la intimidación y amenazas las cuales forzaron a Rubén Espinosa y Nadia Vera a huir de Veracruz.
Las oficinas y domicilios de los integrantes de DESIDE han estado bajo vigilancia desde hace meses, y sus miembros han sido objeto repetido de intimidación y amenazas. Según nuestros informes, la oficina de DESIDE en Veracruz está siendo vigilada por policías estatales, así como por la fuerza especializada conocida como ”Fuerza Civil”. La vigilancia a la que son sometidos ha incrementado enormemente desde los asesinatos de Rubén Espinosa y Nadia Vera. Por ejemplo, a continuación de la celebración de reuniones en las oficinas, sus integrantes han sido perseguidos tras salir de la mismas, de forma evidente e intimidatoria, por individuos armados vestidos de civil. Dichos individuos son conocidos por ser pagados por las autoridades y se cree que han sido instruidos para hostigar periodistas y manifestantes. Los voceros de los jóvenes activistas que fueron atacados también han reportado vigilancia en sus domicilios.
El 22 de agosto de 2015, el centro cultural de la integrante de DESIDE Sra Silvia Colmenero Morales, en el cual los integrantes de DESIDE habían estado alojados en Veracruz, fue allanado. Nada fue sustraído, pero el lugar fue completamente revisado. Además, en ese momento descubrieron que el tanque de gas tenía una nueva fuga, que sospechan fue provocado durante el allanamiento.
El 12 de agosto de 2015, los defensores de derechos humanos de DESIDE volvieron a Veracruz, después de haber huido temporalmente al Distrito Federal tras los asesinatos de Rubén Espinosa y Nadia Vera. En dicha ocasión, fueron acompañados por integrantes de la Oficina del Alto Comisionado por Derechos Humanos de la ONU. La Oficina les proporcionó este acompañamiento porque existían sospechas fundadas de que serían blanco de ataque tan pronto regresasen.
Antes de abandonar Veracruz, varios vehículos pertenecientes a defensores de derechos humanos habían sido saboteados. Echaron azúcar en el tanque de gasolina del coche de María Edith Escalón Portilla, así como en el de la camioneta que Julián Ramírez Olivares utiliza para visitar a las comunidades. Además, los frenos del vehículo utilizado por Silvia Colmenero Morales fueron cortados, y echaron aceite en el deposito del liquido limpia parabrisas. Tras dichos incidentes, los defensores de derechos humanos tomaron la decisión de abandonar Veracruz por su propia seguridad.
Adicionalmente, después de los asesinatos de Ruben Espinosa y Nadia Vera, una campaña de difamación fue montada contra los integrantes de DESIDE, la cual se ha intensificado desde que los defensores de derechos humanos denunciaron el ataque del 5 de junio de 2015, cuando proporcionaron pruebas de vídeo mostrando cooperación policiaca con los perpetradores, y que además mostraba que la policía recibió ordenes de abandonar a los jóvenes, algunos inconscientes, en la calle. A principios de junio, antes de las elecciones nacionales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) elaboró un informe en el cual Julián Ramírez y otros colegas que trabajan en derechos medioambientales fueron incluidos en una lista de individuos peligrosos para la sociedad e ilegítimamente acusados de usar métodos violentos.
DESIDE ha denunciado en numerosas ocasiones la vigilancia a la que su oficina es sometida desde que empezó sus actividades. DESIDE también visibilizó las amenazas contra Ruben Espinosa y Nadia Vera antes de que huyesen del estado, y señaló la responsabilidad del estado de Veracruz en el caso de que les llegará a pasar algo a ellos, sus familias o sus colegas.
