Historia del caso: Julia Cabello Alonso
La abogada de derechos humanos Sra Julia Cabello Alonso se enfrenta a una posible suspensión de su actividad profesional, incluyendo su inhabilitación del Colegio de Abogados de Paraguay, en base a denuncias por falta de ética profesional.
Julia Cabello Alonso es abogada de derechos humanos y coordinadora de Tierraviva, una organización que trabaja para promover los derechos de las comunidades indígenas, en particular a la tierra y a los recursos naturales, en Paraguay.
La abogada de derechos humano, Sra Julia Cabello Alonso se enfrenta a una posible suspensión de su actividad profesional, incluyendo su inhabilitación del Colegio de Abogados de Paraguay, en base a denuncias por falta de ética profesional. La presidenta de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia ha denunciado a la abogada tras las críticas que la defensora de derechos humanos sostuvo contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de admitir un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de 2014 que obliga a Paraguay a restituir 14.404 hectáreas a la comunidad indígena Sawhoyamaxa.
De acuerdo con la información recibida, Julia Cabello Alonso ha sido acusada de "difamación" y "mala conducta" por la Presidenta de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, Dra. Gladys Bareiro de Módica, en base a que las críticas que Tierraviva dirigió contra uno de sus fallos. El 2 de diciembre de 2014, la Suprema Corte aceptó un recurso de dos empresas ganaderas alemanas contra la constitucionalidad de la ley de expropriación firmada por el Presidente Cartes en Junio 2014, con objetivo de devolver las tierras a la comunidad Sawhoyamaxa. Este es el segundo recurso que las empresas habían presentado. El primero fue rechazado por unanimidad por la Corte y el segundo fue aceptado a trámite por la Dra. Gladys Bariero.
La comunidad indígena Sawhoyamaxa de Exnet ha vivido junto a una carretera pública en la región de Chaco desde que fue desplazada de sus tierras en 1992. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Paraguay que devolviera sus tierras a la comunidad en un plazo de tres años, debido a que los derechos de los miembros de la comunidad habían sido violados.
Tierraviva ha publicado una noticia de prensa en relación con la decisión de la Suprema Corte de reconsiderar la constitucionalidad de la ley de 2014 en base al segundo recurso. En conversación con la prensa, Julia Cabello Alonso afirmó que la decisión de la Suprema Corte pone en duda los derechos de las comunidades indígenas y, además, impide el cumplimiento de la decisión de 2006 de La Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso de expropiación ha sido suspendido hasta la resolución del recurso de inconstitucionalidad y la comunidad indígena ya no puede acceder a este territorio.
