Historia del Caso: Juan Carlos Flores Solís

El 11 de mayo de 2018, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla decidió en favor del defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís al concluir que no existen pruebas suficientes para determinar su culpabilidad y que había indicadores de manipulación de los testigos por parte del Ministerio Público. Eso pone fin al proceso en contra del defensor de derechos humanos, después de cuatro años bajo persecución judicial.

Juan Carlos Flores Solís es integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala - FPDATMPT. El FPDATMPT trabaja con las comunidades Nahua para proteger los derechos de 22 comunidades que podrían verse afectadas por los desarrollos a gran escala propuestos para el área, incluyendo el proyecto de construcción de un gaseoducto que cruzará sus comunidades (Proyecto integral Morelos), implementado por la empresa italiana Bonatti SPA.

La campaña de criminalización en contra del defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís empezó el 6 de mayo de 2014, cuando una orden de aprehensión fue emitida en su contra, así como de otras nueve personas defensoras de derechos humanos y activistas, bajo cargos de “privación ilegal de la libertad contra funcionario público” y “pandillerismo”. Los y las defensores y defensoras implicados en el proceso criminal luchaban contra el Proyecto Integral Morelos y las violaciones asociadas al derecho al consentimiento libre, previo e informado a la construcción y operación de una central termoeléctrica, un gaseoducto y un acueducto en sus comunidades.

La orden de aprehensión en contra de Juan Carlos Flores Solís fue denegada el 11 de mayo de 2018. La defensa había contestado la legalidad de la orden con base en la falta de pruebas para su culpabilidad. La sentencia del Recurso de Revisión concluyó que los testimonios de las presuntas víctimas de “privación ilegal de la libertad contra funcionario público” y “pandillerismo” quienes eran trabajadoras de la empresa Bonatti SPA, podrían haber sufrido interferencia para incriminar a los defensores de derechos humanos. Otras pruebas fueron rechazadas por falta de consistencia o contradicción.

Front Line Defenders celebra la decisión del tribunal pero sigue profundamente preocupada por la intensificación de los procesos de criminalización en contra de los defensores de derechos humanos en México, especialmente en relación a los derechos de las personas indígenas al consentimiento libre, previo e informado. Front Line Defenders urge las autoridades de México a adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades Nahua e integrantes del FPDATMPT.

El 18 de septiembre de 2015, defensores/as de derechos humanos de la organización Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos Puebla y Tlaxcala – FPDATMPT asistieron a una audiencia en el Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla en relación con la retención de las instalaciones de la radio comunitaria Radio Zacatepec por cargos falseados de comercio de drogas ilícitas en pequeña escala. Sin embargo, no se permitió la entrada del abogado de Radio Zacatepec a las audiencias y no han habido avances en el caso.

El FPDATMPT trabaja en conjunto con comunidades nahua en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala para proteger los derechos de las 22 comunidades afectadas por varios mega-proyectos de desarrollo en el área, incluida la prevista construcción de un gasoducto que atravesaría sus territorios (Proyecto Integral Morelos). Los proyectos son promovidos por la empresa italiana Bonatti y las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enegas. FPDATMPT está en oposición y resistencia al proyecto del gasoducto porque va a ser construido en la vecindad del volcán Popocatépetl, lo cual potencialmente pone en grave riesgo a los habitantes de la región.

El 18 de septiembre de 2015, se negó el ingreso a la sala de procedimientos al abogado de la Radio Zacatepec, mientras que se le informó a los/as defensores/as de derechos humanos que era mejor que no involucrase con abogados, porque causaría demoras en el proceso. Las próximas audiencias se llevarán al cabo el 12 y 13 de octubre de 2015.

Los integrantes de la FPDATMPT Sra. Miryam Vargas y Sr. Juan Carlos Flores Solís son cofundadores de las radios comunitarias Axocotzin, fundada en 2009, y Zacatepec y Amiltzinko, fundadas en 2013. Las radios Axocotzin y Zacatepec fueron cerradas por los gobiernos estatales y federales el 4 de agosto de 2014 debido a su abierta oposición al Proyecto Integral Morelos. Algunos meses después, Radio Zacatepec reanudó su transmisión y fue clave en la organización de una manifestación el 27 de mayo de 2015 en la cual 800 personas lograron cerrar una ruta federal en protesta a la supuesta corrupción del intendente del municipio Juan C. Bonilla, Puebla. El 30 de mayo de 2015, las instalaciones de la Radio Zacatepec fueron allanadas por la policía y posteriormente retenidas por el ministerio público. Posteriormente, la oficina del procurador general informó a la organización de derechos humanos que se había interpuesto una denuncia anónima en su contra, aseverando que se vendían drogas desde las instalaciones de la radio.

Tras el allanamiento, la policía empezó a buscar los defensores de derechos humanos Sres. Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl, también miembros de la FPDATMPT, quienes se vieron forzados a huir de la comunidades para evitar ser detenidos. La FPDATMPT interpuso un amparo pues descubrieron que las órdenes de detención contra los defensores de derechos humanos no existían. Además, interpusieron otro amparo con relación al allanamiento, por medio del cual supieron que no se había encontrado evidencia en las instalaciones que sustente las acusaciones del procurador. Sin embargo, las instalaciones siguen retenidas por la oficina del procurador y la investigación, abierta.

Juan Carlos Flores Solís, nominado por el Premio de Front Line Defenders de 2015, fue puesto en libertad el 23 de enero de 2015. Sin embargo, el 16 de junio de 2015, una corte en Tlaxcala revocó la suspensión de las sentencias de Juan Carlos Flores Solís y la defensora de derechos humanos Adela Ramos Villalba, revalidando así las órdenes de captura en su contra. Es de destacar que el 16 de junio de 2015, Juan Carlos Flores Solís y Adela Ramos Villalba habían presentado una prueba clave para su defensa, que demostraba que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habían falseado la acusación contra los defensores de derechos humanos debido a sus interés en permitir la construcción del gasoducto. La suspensión de las sentencias contra los defensores de derechos humanos y miembros de la FPDATMPT Sres. Eusebio Torres Aguilar y Alejandro Torres Chocolatl también fue revocada el 24 de marzo de 2015. La FPDATMPT escribió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de junio de 2015, pero hasta la fecha no han recibido una respuesta. Por lo tanto, los cuatro defensores de derechos humanos corren peligro de ser detenidos en cualquier momento.

Asimismo, los defensores de derechos humanos Sra. Teresa Castellanos y Sr. Samir Flores Soberanes, ambos integrantes de la FPDATMPT sección Morelos, han sido objetos de intimidación constante debido a su trabajo en favor de los derechos humanos. Representantes de la CFE visitaron el domicilio de Teresa Castellanos, tomaron fotos del edificio y preguntaron por ella, insinuando en varias ocasiones que cualquier persona que sigue resistiendo la planta termo-eléctrica puede ser desaparecida. Mientras tanto, Samir Flores Soberanes ha sido objeto de panfletos difamatorios, donde se lo señala como responsable de tirar balazos a un joven frente a fueras de su casa, el 31 de diciembre del 2014. Los defensores de derechos humanos alegan que el joven recibió disparos de parte de un miembro de un grupo supuestamente pagado por el gobierno y que trabaja para desacreditar el trabajo del FPDATMPT.

El defensor de derechos humanos Sr Juan Carlos Flores Solís fue absuelto de dos de los procesos penales que tenía en su contra, quedando pendiente de resolución otra de las acusaciones.

El defensor de derechos humanos permanece en prisión desde el 7 de abril de 2014 en Puebla. Ahora resta a la espera de la sentencia por los cargos de robo agravado.

Juan Carlos Flores Solís fue absuelto de los delitos contra la infraestructura hidráulica, motín, despojo y extorsión por el Juez Séptimo de Distrito en el estado de Puebla, considerando que existían violaciones al debido proceso. El Juez Primero de Tlaxcala determinó asimismo otorgar la suspensión definitiva en relación al delito de privación ilegal de la libertad de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.

Siguen pendientes los cargos en contra de Juan Carlos Flores Solís en el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Atlixco en Puebla. El defensor de derechos humanos está pendiente del proceso 121/2014 abierto en su contra por delitos de robo agravado en contra de un trabajador de la empresa italiana BONATI SPA.

La detención de Juan Carlos Flores Solís ocurrió el 7 de abril de 2014, cuando salía de interponer una queja en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla en referencia a la detención de la defensora de derechos humanos Sra. Enedina Rosas Veleza, quien fue arrestada el 6 de Abril de 2014. En su caso, testigos informaron que la policía no mostró una orden de aprehensión ni tampoco se identificaron, utilizando sus armas para amenazar a las personas que se encontraban cerca de donde ocurrían los hechos. Enedina Rosas permanece igualmente en prisión, pendiente de audiencia por los cargos de robo agravado y obstrucción a las vías públicas.

Front Line Defenders recibe con satisfacción la noticia acerca de la absolución de dos de los cargos en contra de Juan Carlos Flores Solís, pero permanece bajo preocupación por los cargos que todavía enfrenta el defensor de derechos humanos.