Historia del Caso: José Humberto Torres Diaz
Defensores/as de derechos humanos integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en los departamentos de Atlántico, Sucre y Magdalena Medio, y algunas de sus organizaciones asociadas, reciben amenazas de muerte de forma constante en los últimos años, a través de panfletos, llamadas telefónicas y comentarios comunicados a miembros de sus comunidades.
José Humberto Torres Díaz es un prominente defensor de derechos humanos y abogado que ha trabajado defendiendo los derechos de los demás durante casi 30 años en Barranquilla, una ciudad en el norte de Colombia. Junto con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), da representación legal a muchos defensores de los derechos humanos que son objeto de investigaciones criminales engañosas. Ha sido objeto de amenazas de muerte y hostigamiento como resultado de su trabajo.
Durante el mes de marzo de 2015, miembros de diversas organizaciones de derechos humanos en Colombia han recibido amenazas, incluyendo personas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
Las amenazas se han presentado en forma de panfletos, una práctica cada vez más común por todo el país, y fueron entregados en mano o enviados por correo electrónico a varios individuos y organizaciones. El formato más común de los panfletos es una página mecanografiada, firmada y marcada con el sello de un grupo paramilitar, frecuentemente “Las Águilas Negras”. Los panfletos amenazan a un grupo de personas defensoras de derechos humanos ordenándoles que abandonen la región donde se encuentran dentro de un periodo específico y advirtiéndoles de que cesen todos sus actividades en la defensa de los derechos humanos, o serán víctimas de otro tipo de agresión.
Las personas a quienes las amenazas se dirigen incluyen Sr. José Humberto Torres, Sr. Deivis Flórez y Sra. María Cedeño (miembros del CSPP); Sra. Rosario Montoya, Sra. Ingrid Vergara Chavéz y Sra. Martha Díaz (miembros del MOVICE); Sr. Mauricio Aviles, miembro de la Corporación de Centros de Estudios y Desarrollo de los Derechos Humanos (CEDERHNOS); Sra. Soraya Bayuelo, Directora del Colectivo de Comunicaciones Montes de María; Sr. Fabian Oyaga, Director de la Unidad de Restitución de Tierra del Magdalena; Sr. Jerry Garavito, miembro del Centro de Investigación y Educación Popular; Sr. Juan David Ortega Jiménez, abogado de la Fundación Infancia Feliz; Sr. Jairo Barreto López, líder comunitario y defensor de los derechos humanos en Montes de María; Sr. Gary Martínez Gordon, defensor de derechos humanos y líder estudiantil; así como a los defensores de derechos humanos Sra. Sandra Manjarrés y Sr. Agustín Jiménez.
La distribución de estos panfletos tuvo lugar en un contexto de hostigamiento e intimidación hacia integrantes de MOVICE a largo plazo y de otras organizaciones de la sociedad civil en todo Colombia. Los/as defensores/as de derechos humanos son objeto constante de amenazas, intimidación, detención arbitraria, desaparición forzada, agresiones físicas, actos de tortura, asesinatos, allanamientos ilegales de sus domicilios y oficinas y estigmatización, consecuencia de sus actividades. El 21 de enero de 2015, miembros de la policía judicial hallaron el cuerpo del defensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza en un área deshabitada de San Bartolomé, municipio de Gachancipá, departamento de Cudinamarca. Carlos Alberto Pedraza Salcedo habría recibido un balazo en la cabeza.
Desde la muerte de Salcedo, defensores y defensoras de derechos humanos continuaron enfrentando situaciones de hostigamiento y amenazas. El 16 de marzo de 2015, aproximadamente a las 20:30 horas, un automóvil Twingo de color negro (cuya matricula es conocida) fue observado frente el domicilio de Ingrid Vergara Chavéz; minutos después una moto de color negro de alta cilindrada, llevando dos hombres desconocidos fue vista pasar varias veces por la casa de la defensora de derechos humanos. Ingrid Vergara Chávez llamó por teléfono a la policía nacional, porque el teléfono que tiene como parte de su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección estaba en buzón de mensajes. También llamó a sus escoltas, quienes llegaron inmediatamente. El automóvil negro se puso en marcha y salió a gran velocidad; los escoltas lo persiguieron, pero no lograron alcanzarlo. Ingrid Vergara Chávez llamó nuevamente a la policía, y unos agentes llegaron 45 minutos después del primer llamado. El 17 de marzo de 2015, la defensora de derechos humanos fue informada por miembros de su comunidad que el día anterior unos hombres en el mismo tipo de vehículo ya descrito, identificándose como miembros de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional – SIJIN, habían estado preguntando por ella y diciendo que querían hacerle una entrevista.
Defensores/as de derechos humanos integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en los departamentos de Atlántico, Sucre y Magdalena Medio, y algunas de sus organizaciones asociadas, recibieron amenazas durante todo el mes de enero a través de panfletos, llamadas telefónicas y comentarios comunicados a miembros de sus comunidades.
MOVICE es una organización de derechos humanos que monitorea violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado en el contexto del conflicto armado y exige que se lleven a los agentes estatales y paramilitares responsables de crímenes ante la justicia. La Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio (ASORVIMM) es una organización que trabaja con MOVICE. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) promueve los derechos de presos políticos y trabaja para mejorar sus condiciones de detención.
El 21 de enero de 2015, el último de una serie de panfletos amenazantes fue entregado a defensores de derechos humanos y organizaciones en los departamentos de Atlántico y Magdalena Medio. El panfleto, presuntamente enviado por el grupo paramilitar que se auto-identificó como 'Autodefensas Gaitanistas De Colombia AGC', nombró una larga lista de personas, incluídos los Sres José Humberto Torres y Franklin Castañeda – miembros del CSPP – y la Sra Martha Díaz – integrante de MOVICE en Atlántico. El panfleto declara que el grupo paramilitar está en guerra con las personas nombradas y que las y los defensores/as de derechos humanos afirmaban falsamente representar a las víctimas del conflicto armado en las negociaciones de paz que ocurren en estos momentos en la Habana. José Humberto Torres y Martha Díaz participaron en 2007 y 2013, respectivamente, en la Plataforma de Dublín organizada por Front Line Defenders. Estos defensores de derechos humanos, así como Franklin Castañeda, han sido objeto de amenazas de muerte durante muchos años.
Anteriormente, el 12 de enero de 2015, la Sra Carmen Mendoza, integrante del MOVICE en Sucre, fue informada de que dos desconocidos en motos sin placas preguntaban por ella y advertían de forma amenazante que la defensora de derechos humanos tenía que salir de la zona. Los hombres circularon en sus motos alrededor de la comunidad durante todo el día. Hemos sido informados de que la Seccional de Investigación Criminal de la Policía (SIJIN) fue contactada, pero no intervinieron para investigar las amenazas.
Un día antes, un panfleto firmado por el grupo paramilitar las 'Águilas Negras' fue entregado en las residencias y oficinas de defensores de derechos humanos en los departamentos de Atlántico y la región Caribe, declarando como objetivo militar los integrantes de MOVICE en Sucre y Atlántico, incluídos los Sres Rosario Montoya y José Humberto Torres, y las Sras Martha Díaz e Ingrid Vergara Chávez. El mismo día, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, la Sra Lila Peña Silva, Presidente de la ASORVIMM, recibió una llamada amenazante, recriminándole su trabajo en derechos humanos.
El 18 de diciembre de 2014, un panfleto fue distribuido en la región Caribe amenazando a varios miembros de MOVICE y el CSPP, incluyendo de nuevo a los Sres Rosario Montoya y José Humberto Torres, y las Sras Martha Díaz y Ingrid Vergara Chávez.
Estas amenazas ocurren en el contexto de ataques y amenazas en contra de miembros de MOVICE en todo Colombia. Hemos sido informados de que no se ha cumplido las medidas de protección asignadas por la Unidad Nacional de Protección a algunos de los defensores mencionados. Para mas información sobre las amenazas enfrentadas por integrantes de MOVICE y sus organizaciones asociadas, véase los llamamientos urgentes anteriores emitidos por Front Line Defenders.
