Historia del caso: Arístides Arévalo Ortiz

El 3 de septiembre de 2015, una audiencia en el juicio en curso contra 16 defensores y defensoras de derechos medioambientales fue aplazada hasta el 29 de octubre de 2015 porque uno de los tres jueces del caso no se presentó al señalamiento. No se emitió ningún aviso previo, y varios de los defensores de derechos humanos habían viajado largas distancias para estar presentes.

Los defensores de derechos humanos sometidos a juicio son el Sr Milton Sánchez Cubas, el Sr Ramón Abanto Bernal, el Sr César Tomás Bolaños Ayala, el Sr José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, el Sr Jeremías Chávez Rodríguez, la Sra Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, el Sr Fabio Rodríguez Rojas, la Sra María Bilda Silva Rodríguez, el Sr Alberto Izquierdo Vargas, el Sr Segundo Manuel Bolaños Ayala, el Sr Justiniano Montoya García, la Sra Yeni Cojal Rojas, el Sr Arístides Arévalo Ortiz, la Sra Andrea Rodríguez Chávez and la Sra Elsa Elvira Bolaños Atalaya.

La mina sería construida por la empresa Minería Yanacocha, que en la actualidad cumple diecinueve años de funcionamiento en la región. Los habitantes de la región de Cajamarca alegan que la contaminación generada por las obras actuales hacen inviable su ocupación económica tradicional, la producción láctea. Además, sostienen que las obras han afectado a la salud de los habitantes, lo cual se hace evidente por el elevado índice de cáncer de estomago, uno de los más altos del país. Se han producido también efectos negativos en el suministro de agua para el pueblo local. Los miembros de Guardianas y Guardianes de la Laguna han prestado asistencia a la comunidad en la denuncia de dichas violaciones.

Los 16 defensores y defensoras de derechos humanos han sido acusados por los gobernadores de la provincia de Celendín y el municipio de Sorochuco por secuestro agravado, coacción e irreverencia a los símbolos patrios. Según la acusación, dichos gobernadores alegan que los/as defensores/as de derechos humanos interrumpieron una reunión y utilizaron palos, piedras y cuchillos con el fin de secuestrarlos, un incidente que los/as defensores/as de derechos humanos afirman que nunca ocurrió. Además, señalan que los gobernadores tienen buena relación con la dirección de Minería Yanacocha. La Fiscalía ha recomendado una condena de entre 30 y 35 años de prisión así como una indemnización de diez mil soles (aproximadamente 2.800 euros) para cada acusado. En un procedimiento anterior, el caso fue archivado. Sin embargo, el caso ha sido reabierto por decisión de la Fiscalía.

El aplazamiento del juicio el 3 de setiembre de 2015 supone el cuarto intento de celebración de la audiencia que se ha visto frustrado. El 21 de julio de 2015 fue aplazado porque el Ministerio Público alegó que no había leído los expedientes del caso. Los defensores de derechos humanos deben viajar largas distancias desde la región Celendín hasta la ciudad de Cajamarca bajo su obligación de atender estas audiencias. Muchos de ellos trabajan en explotaciones agrarias de subsistencia o son madres de hijos pequeños, lo que supone un esfuerzo adicional en la realización del viaje. Sin embargo, se enfrentarían a encarcelamiento si no asistieran a las sesiones, pero éstas han sido, tal como se ha detallado anteriormente, aplazadas en cuatro ocasiones. Los defensores de derechos humanos consideran el juicio como un intento de despojarles de tiempo y recursos que normalmente dedican a su trabajo pacífico en la defensa de los derechos humanos.