Amenazas de muerte contra organizaciones de derechos humanos

El 28 y 27 de febrero de 2012, varias organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (MOVICE) fueron objeto de amenazas de muerte. Estas amenazas han sido recibidas en el marco de los preparativos de una manifestación que se celebrará el 6 de marzo de 2012, para conmemorar el Día Nacional e Internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado, en apoyo de las víctimas de violaciones de derechos humanos y exigiendo la restitución de tierras.

El 28 de febrero de 2012, un panfleto firmado por las "Águilas Negras Bloque Capital" fue enviado a las oficinas de la CCAJAR. El panfleto contenía una amenaza de muerte dirigida específicamente a las defensoras de derechos humanos y a sus organizaciones, diciendo: "Sentencia a la pena de muerte a las perras guerrilleras de las farc las cuales se openen a las políticas de nuestro gobierno y que hacen lavado de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por lideres defensores de derechos humanos y dejen de joder con el tema de reparación de tierras porque todo el que haga esta gestión va a ser asesinado por nosotros". Las organizaciones mencionadas en la carta incluían la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Casa Mujer, Ruta Pacífica, Fundhefem, Arco Iris, Sisma Mujer, Afromupaz, Codhes, MOVICE, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Afrodes, Juntos por la Vida y Marcha Indígena, así como otras 15 personas, entre ellas la Sra. Piedad Córdoba, miembro del CCAJAR, el Sr. Iván Cepeda y el Sr. Gustavo Petro.

El 27 de febrero de 2012, un sobre manila conteniendo una amenaza de muerte enviada por un grupo que se identificó como "Comandos Urbanos de Los Rastrojos" apareció en las oficinas de la CCAJAR. La carta se dirigía a varias organizaciones de derechos humanos e individuos, entre los que se encontraban MOVICE, CCAJAR, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Ayuda Humanitaria (Antioquia), la Asociación de Desplazados de Antioquia O.P.D. (ASODOP), un director de la organización Afroamérica XXI, la Sra. Rosalba Castillo Viveros, el director de la Federación General de Trabajadores del Valle del Cauca (FEGTRAVALLE), el Sr. Alberto Guzmán Gómez, el ex Director de la Fundación Casa de la Juventud de la Comuna 16 en Cali, el Sr. Jair Hernández Barona, el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de la sección de Valle del Cauca, el Sr. Álvaro Vega, ex diputado de la Asamblea Departamental del Cauca, el Sr. Sigifredo López Tobón, director de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC), el Sr. Absalón Meneses Benavides, la ex congresista María Isabel Urrutia Ocoro, el senador Alexander López Maya, el ex senador Wilson Borja Díaz y el senador Jorge Enrique Robledo.

El mensaje declara objetivo militar a las personas y organizaciones nombradas y advierte que : “Los COMANDOS URBANOS LOS RASTROJOS ya tienen la orden de ejecutar la limpieza social en las regiones de nuestra influencia” .

Según los autores de las amenazas, éstas son el resultado de una larga operación de inteligencia de infiltración y extracción de información de políticos, organizaciones de derechos humanos, sindicalistas y personas desplazadas.

Front Line Defenders considera que las amenazas de muerte dirigidas a las mencionadas organizaciones de derechos humanos y a sus miembros están directamente relacionadas con su trabajo de derechos humanos. Front Line Defenders expresa su grave preocupación por su integridad física y psicológica, particularmente en vista de la manifestación , que se celebrará del 6 de marzo de 2012, para conmemorar el Día Nacional e Internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado. Dado que Colombia continúa registrando uno de los más altos niveles de ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo asesinatos, y dados los presuntos vínculos entre grupos paramilitares de derechas y los organismos de seguridad del Estado, Front Line Defenders reitera que se deben adoptar medidas inmediatas para proteger a aquellos que se encuentran en situación de riesgo como resultado de amenazas de muerte.

Front Line Defenders insta a las autoridades colombianas a que:

1. Lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas enviadas a las oficinas de CCAJAR con el fin de hacer públicos los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de acuerdo con los estándares internacionales;

2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de los miembros de las organizaciones de derechos humanos mencionadas;Garanticen que en toda circunstancia, las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, puedan desarrollar sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libres de restricciones, incluyendo el hostigamiento judicial.