Amenazas de muerte en contra del defensor de los derechos humanos ambientales Miguel Guimaraes y otros líderes y lideresas indígenas en Ucayali

El 14 de octubre de 2020, el defensor de derechos humanos ambientales Miguel Guimaraes recibió una amenaza de muerte por parte de individuos desconocidos a través de un mensaje de texto en WhatsApp. La amenaza se produce luego de su participación en la audiencia pública con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se centró en los vinculos entre los asesinatos de defensores y defensoras indígenas y la corrupción.

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Miguel Guimaraes es defensor indígena Shipibo de derechos humanos ambientales de la comunidad Flor de Ucayali y presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes, una de las federaciones indígenas más antiguas de la Amazonía peruana, que representa a organizaciones indígenas de más de 30 comunidades nativas. La federación aboga por el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y la preservación de sus territorios ancestrales. FECONAU ha estado al frente del caso de la comunidad de Santa Clara de Uchunya en la Amazonía peruana. Desde 2013, la comunidad ha estado luchando contra la violación de sus derechos a la tierra ancestral. Su territorio está siendo amenazado por empresas de palma aceitera y traficantes de tierras, y la dificultad para acceder a la justicia a través de los mecanismos estatales peruanos.

El 14 de octubre de 2020, Miguel Guimaraes recibió una amenaza de muerte por parte de individuos desconocidos a través de un mensaje de texto en WhatsApp. El texto de la amenaza que incluía una foto de una persona desmembrada se lee “Venimos por ti cueste lo que cueste bastardo”.

El 6 de octubre de 2020, defensoras y defensores indígenas, incluyendo integrantes de la FECONAU, quienes dieron testimonio, denunciaron durante la audiencia pública virtual con la CIDH los vínculos entre la corrupción estatal y los ataques y asesinatos de defensoras y defensores amazónicos. Las cuatro comunidades nativas de la Amazonía peruana representadas en la audiencia denunciaron el asesinato de 11 defensoras y defensores indígenas, asesinados por defender el territorio. Las organizaciones participantes concluyeron que un contexto histórico caracterizado por la impunidad estructural y la corrupción facilitan el crimen organizado y garantizan la repetición de violaciones de derechos humanos contra las comunidades indígenas y sus líderes y lideresas con la aquiescencia y complicidad del Estado. Durante los días previos y posteriores a la audiencia con la CIDH, los líderes y lideresas indígenas que rindieron testimonio recibieron amenazas escritas por diferentes medios. La amenaza de muerte recibida por Miguel Guimaraes es solo la última de una serie de amenazas y ataques contra integrantes de FECONAU y lamentablemente forma parte de una tendencia constante y creciente. Front Line Defensores ha denunciado anteriormente amenazas y ataques hacia sus integrantes. De acuerdo a la organización, las amenazas actuales responden a las diversas acciones de incidencia y defensa territorial que han llevado a cabo contra la expansión del agro-negocio y el tráfico de tierras, la tala ilegal y otras actividades ilegales en varias comunidades pertenecientes a la Federación indígena. Esta tampoco es la primera vez que el defensor Miguel Guimaraes recibe amenazas de muerte. En el 2018, cuando ocupaba el cargo de secretario en la comunidad Flor de Ucayali, Miguel Guimaraes también fue blanco de amenazas de muerte por parte de individuos desconocidos potencialmente vinculados al narcotráfico en la región.

Desde que la pandemia COVID19 llegó a la Amazonía peruana, la violencia ha cobrado la vida de al menos media docena de líderes y lideresas defensoras de los derechos ellos pueblos indígenas y de la tierra. Entre los casos de violencia esta el de el defensor Gonzalo Pío Flores, torturado y asesinado en mayo de 2020, pese a que previamente había denunciado amenazas contra su vida. El padre de Gonzalo, Mauro Pío, fue asesinado impunemente en 2013. La usurpación de tierras, la expansión agresiva de la tala y los cultivos ilícitos de coca se han incrementado significativamente desde marzo del presente año, afectando los territorios de los pueblos indígenas y generando riesgos cada vez mayores para las personas defensoras de los derechos de la tierra, de los indígenas y del medio ambiente. En agosto y septiembre de 2020, FECONAU documentó y denunció públicamente la deforestación y la expansión de la producción ilícita de coca en la comunidad de origen de Guimaraes, Flor de Ucayali, y solicitó a las autoridades peruanas que actuaran. A pesar de la intervención de un fiscal ambiental de Ucayali y los esfuerzos de incidencia de FECONAU, el Estado no ha dado una respuesta adecuada a esta peligrosa situación que continua poniendo en riesgo la comunidad y sus líderes y lideresas.

La pandemia solo ha intensificado tendencias existentes. El 11 de diciembre de 2017, el defensor de derechos humanos Carlos Hoyos Soria y otros integrantes de la comunidad, fueron atacados a balazos mientras inspeccionaban una zona deforestada de su territorio. Uno de los agresores fue identificado como integrante del equipo de seguridad de la empresa de aceite de palma. Unos meses más tarde el defensor de derechos humanos Carlos Hoyos Soria fue atacado de nuevo, esta vez junto a su hermano, Benjamín Hoyos Soria, por tres individuos desconocidos que abrieron fuego contra ellos. El 5 de enero de 2018, dos personas armadas y encapuchadas interrogan y amenazaron a la nuera de un líder comunitario de Santa Clara de Uchunya en su residencia, afirmando que buscaban líderes de la comunidad para asesinarlos. En junio de 2020, Saúl Martínez Guimaraes, presidente del comité de monitoreo territorial de la comunidad, recibió amenazas de muerte luego de confiscar madera de leñadores ilegales.

Los integrantes de FECONAU realizan un trabajo esencial, monitoreando sus territorios de manera permanente sin el apoyo gubernamental adecuado. A pesar de la adopción en el 2019 de un Protocolo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, el gobierno peruano aún no ha sido eficaz en brindar garantías concretas para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Por el contrario, como ya lo destacaron grupos locales e internacionales, las economías ilegales – expansión de los agro-negocios sin el consentimiento de las comunidades, tráfico de tierras, tala ilegal y producción de narcóticos – a menudo operan en connivencia con funcionarios públicos peruanos, incluyendo aquellos de alto nivel. Front Line Defenders está profundamente preocupada por la serie de amenazas sostenidas dirigidas a integrantes de FECONAU, así como a defensores y defensoras de la Amazonía peruana en general, y en particular por la seguridad y protección del defensor de derechos ambientales Miguel Guimaraes.