Historia del caso: Lucila Bettina Cruz Velázquez

La defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez y el defensor Rodrigo Flores Peñaloza han sido objeto de constantes ataques e intimidaciones por su trabajo en defensa de los derechos humanos.

Lucila Bettina Cruz Velázquez es defensora de derechos humanos en México e integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio - APIIDTT, en Municipio de Santa María Xadani, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. También es integrante del movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica y ha enfrentado significativas amenazascontra ella por su trabajo sobre derechos a la tierra y derechos de los pueblos indígenas.

Rodrigo Flores Peñaloza es profesor e integrante de la APIIDTT. La Asamblea reúne a varias organizaciones de pueblos indígenas para defender sus derechos y tradiciones territoriales contra violaciones de derechos humanos, como desalojos y proyectos realizados sin su consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con los criterios establecidos en el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Desde principios de 2017, la defensora y el defensor de derechos humanos han sido objeto de varios atentados y actos de intimidación. El 29 de abril de 2017, Lucila Bettina Cruz Velázquez informó que la oficina de la APIIDTT estaba siendo vigilada por hombres no identificados. Al menos dos personas vestidas de civil habían sido vistos alrededor de la oficina durante varias horas del día.

El 10 de febrero de 2017, Rodrigo Flores Peñaloza y algunos/as colegas fueron asaltados frente a su oficina por dos hombres armados en una motocicleta. Uno de los criminales apuntó el arma específicamente al defensor de derechos humanos y exigió que se callara. El 24 de febrero de 2017, un hombre armado entró en la oficina donde trabaja Rodrigo Flores Peñaloza y preguntó a sus colegas varias veces sobre su paradero. El 19 de abril de 2017, la estación de radio 92.7 de Juchitán dedicó varias horas a difundir declaraciones difamatorias contra la labor Rodrigo Flores Peñaloza y Lucila Bettina Cruz Velázquez. El 26 de abril de 2017, el defensor de derechos humanos encontró una nota manuscrita en su auto al salir de su casa, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. La nota contenía amenazas específicamente dirigidas a él y le advirtió que estaba siendo monitoreado.

Estos ataques e intimidaciones están teniendo lugar de forma paralela a una campaña de apoyo a las comunidades indígenas de los Zapotecos de Puente Madera, Rancho Llano y Loma Bonita de San Blas Atempa contra la construcción de una subestación eléctrica en la región del Cerro Igúu.

El proyecto minero Cerro Igúu es propiedad de la empresa Tradeco, que suministra materiales a la empresa danesa Vestas y a la empresa española Gamesa Eólica para la construcción de un parque eólico. El proyecto minero también está relacionado con la construcción del aeropuerto de Ixtepec y la subestación de la Secretaría de Defensa Nacional – SEDENA.

La exploración y explotación de los recursos en el Cerro Igúu y la construcción de la subestación de SEDENA se están llevando a cabo sin previa consulta con los indígenas locales. Ambos proyectos están ubicados en tierras comunales de Zapotecos, en Oaxaca. De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Mexicana y el derecho internacional de derechos humanos, el Estado está obligado a realizar consultas previas con las personas indígenas afectadas por proyectos en sus tierras y debe solicitar su consentimiento libre e informado antes de que el proyecto pueda comenzar.

Front Line Defenders ha informado previamente sobre los riesgos de seguridad enfrentados por Lucila Bettina Cruz Velázquez. Desde febrero de 2012, ella ha estado bajo medidas de protección por parte de la Defensoría Pública de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y, en noviembre de 2012, por parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas del Gobierno Federal. Además, la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca había concedido previamente medidas de protección a su favor el 14 de noviembre de 2011. A pesar de que se ha otorgado la protección de estos mecanismos, los ataques y el acoso no han cesado.

Front Line Defenders expresa su preocupación por los más recientes ataques y actos de intimidación contra Rodrigo Flores Peñaloza y Lucila Bettina Cruz Velázquez, y el mayor riesgo que enfrentan, ya que cree están vinculados a la labor de la defensora y el defensor de derechos humanos en contra de proyectos ilegales en sus tierras.

The Sixth Judge of the District Court in the State of Oaxaca is expected to hand down the verdict in the case of human rights defender Ms Lucila Bettina Cruz Velázquez in the coming days. The human rights defender was charged with acts or omissions gravely affecting the “national consumption and national wealth” (el consumo y la riqueza nacional) and with illegally detaining individuals. The charges were brought in February 2012, but referred to events allegedly occurred during a peaceful protest ten months previously, in April 2011.

Since 2007, Lucila Bettina Cruz Velázquez has carried out work related to the human rights impact of the activities of multinational companies like Mareña Renovables, Gas Natural Fenosa, Demex (Renovalia Energy), and Iberdrola, which are establishing, developing and operating wind farms in lands in common use by indigenous communities in Tehuantepec. The projects were reportedly initiated without prior consultation with the ikjoots and binnizá, the peoples native to the area.

The charges against Lucila Bettina Cruz Velázquez are based on a peaceful protest carried out by the APIIDTT. On 13 April 2011, the APIITDTT organised a peaceful protest in front of the offices of the Federal Electricity Commission (Comisión Federal de Electricidad - CFF), located in Juchitán de Zaragoza in Oaxaca State. They were protesting to demand respect for the rights to land of the ikjoots and binnizá peoples, and their decision not to accept the establishment, development and operation of wind farms in the area.

On 22 February 2012, at approximately 3:30 pm, Lucila Bettina Cruz Velázquez was arrested by officials of the Attorney General's office in the municipality of Santa Maríá Xadani, Istmo de Tehuantepec in Oaxaca. At the time of her arrest, she was with her lawyer as they were leaving a meeting between the APITDTT with the CFF. The police officials reportedly did not have an arrest warrant nor did they inform her of the reason for her arrest. However, it is reported that she was arrested on the basis of a federal judicial warrant.

Lucila Bettina Cruz Velázquez was held incommunicado for four hours before being taken to Tehuantepec prison to face charges of illegally detaining CFF staff. On 23 February 2012, Lucila Bettina Cruz Velázquez appeared before a judge who ordered her release on bail, which occurred in the early hours of 24 February 2012. Since then, the human rights defender has been obliged to sign in at the Public Prosecutor's Office on the 15th day of every month.

The security risks faced by Lucila Bettina Cruz Velázquez have been widely recognised. Since February 2012, she has been granted protection measures by the Public Defender of Human Rights for the People of Oaxaca and, in November 2012, by the Federal Government's Protection Mechanism for Defenders and Journalists. Moreover, the Human Rights Ombudsman of the State of Oaxaca had previously granted protection measures in her favour on 14 November 2011.

Front Line Defenders is concerned by the criminalisation and detention of Lucila Bettina Cruz Velázquez, as it appears to be solely motivated by her peaceful and legitimate work promoting the rights of the ikjoots and binnizá peoples in Istmo de Tehuantepec in Oaxaca.