Historia del Caso: Ana Mirian Romero
El 7 de diciembre de 2016, los/as defensores/as de la tierra, el medio ambiente y los pueblos indígenas Sra. Ana Mirian Romero, Sr. Roberto Gómez, Sra. María Felicita López y Sr. Rodolfo Vasquez recibieron amenazas de muerte y fueron amenazados por dos individuos presuntamente simpatizantes del Alcalde de Santa Elena Víctor Ventura y autoridades locales de la comunidad indígena aledaña de El Potrero.
Ana Mirian Romero es una destacada defensora de derechos humanos en Honduras. La defensora es integrante del Movimiento Indígena Lenca de La Paz Honduras - MILPAH y del Consejo Indígena de San Isidro Labrador. La defensora ha luchado por el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas desde 2010, cuando el MILPAH y el Consejo Indígena de San Isidro Labrador presentaron una demanda de adjudicación para el reconocimiento de sus tierras ancestrales en el municipio.
Ana Mirian Romero es una de las finalistas para el Premio Anual 2016 de Front Line Defenders para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo, que rinde homenaje a la labor de las y los defensores de derechos humanos que, a través del trabajo no violento, hacen una contribución sobresaliente a la promoción y protección de los derechos humanos de sus comunidades, a menudo enfrentando gran riesgo personal.
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- 13 Diciembre 2016 : Actos de intimidación y amenazas de muerte contra integrantes de los Consejos Indígenas de Santiago Apóstol y San Isidro Labrador
- 11 Mayo 2016 : Amenazas de muerte e intimidación contra la defensora de derechos humanos Ana Mirian Romero
- 5 Febrero 2016 : Ataque incendiario en el domicilio de los defensores de derechos humanos Ana Mirian Romero y Rosalio Vásquez Pineda
El 7 de diciembre de 2016, los/as defensores/as de la tierra, el medio ambiente y los pueblos indígenas Sra. Ana Mirian Romero, Sr. Roberto Gómez, Sra. María Felicita López y Sr. Rodolfo Vasquez recibieron amenazas de muerte y fueron amenazados por dos individuos presuntamente simpatizantes del Alcalde de Santa Elena Víctor Ventura y autoridades locales de la comunidad indígena aledaña de El Potrero.
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Ana Mirian Romero es una líderesa del Consejo Indígena San Isidro Labrador, integrante del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz Honduras (MILPAH) y la ganadora del Premio Front Line Defenders para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Riesgo (2016). María Felicita López y Rodolfo Vásquez también son integrantes del Consejo Indígena San Isidro Labrador. Roberto Gómez es el Presidente del Consejo Indígena Santiago Apóstol así como un defensor de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Todos los/as defensores/as mencionados anteriormente son beneficiarios de medidas cautelares (MC589/15) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los defensores y defensoras mencionadas se han opuesto activamente a la construcción de la represa Hidroeléctrica Los Encinos en el río Chinacla, un proyecto que pertenece a la empresa Los Encinos S. de R.L.. Desde el 2010, han abogado por el reconocimiento de sus tierras ancestrales en Santa Elena, La Paz. El permiso para construir la represa fue otorgado sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados. El 10 de julio de 2016, MILPAH organizó una consulta que reveló la oposición a la construcción de la hidroléctrica en la comunidad, con 825 votos en contra y 94 a favor. El alcalde de Santa Elena aparentemente amenazó con retirar subsidios gubernamentales y poner un alto a proyectos de desarrollo en los caserios donde los residentes participaran en la consulta. El alcalde también ha dado órdenes presuntamente para que agentes de seguridad del Estado acosen, intimiden y ataquen a defensores/as de derechos humanos locales que se oponen a la construcción de la represa. Residentes de la comunidad de El Potrero, a los cuales los dueños del proyecto le han presuntamente prometido numerosos beneficios, han atacado violentamente a varios defensores/as indígenas como represalia por su oposición al proyecto.
El 7 de diciembre de 2016, un grupo de personas de la comunidad de El Potrero y tres presuntos simpatizantes del alcalde de Santa Elena Víctor Ventura vinieron a la comunidad de El Volcán donde residen los/as defensores/as antes mecionados. Los/as defensores/as vivían en El Potrero anteriomente y se reubicaron a El Volcán después de una serie de agresiones violentas por parte de los que apoyan la construcción de la represa. Cuando los/as defensores/as fueron alertados de la presencia de personas foráneas a la comunidad en El Volcán, fueron a encontrarles y les pidieron que se retiraran. El grupo alegó que estaban midiendo un terreno para un proyecto de irrigación financiado por USAID. Los/as defensores/as rechazaron la idea ya que no habían sido consultados sobre el uso de su tierra ancestral y les informaron a los visitantes que ese terreno estaba destinado a la construcción de una escuela para los niños de la comunidad.
El grupo de personas foráneas respondieron a la solicitud de los/as defensores/as con actos de intimidación y amenazas. Santos Vásquez López, quien alega ser una autoridad local de la comunidad aledaña de El Potrero, demandó que Ana Mirian Romero presentara los documentos que demonstraban que la tierra le pertenecía y amenazó de agredirla con su bastón. Santos Vásquez López también amenazó a Roberto Gómez diciendo que lo iba a encontrar y lo iba a matar. Otro residente de El Potrero también amenazó a Ana Mirian Romero. Hernán Ventura, presunto simpatizante del alcalde, amenazó a María Felicita López y a Rodolfo Vásquez con un machete. Se evitaron mayores agresiones violentas debido a la intervención de la policía.
Desde el 2014, las y los integrantes de los Consejos han sido objeto de ataques y amenazas constantes. De acuerdo a la información disponible, durante septiembre, octubre y noviembre de 2015, hubo varios incidentes violentos contra los integrantes de los consejos indígenas, con la presencia tanto de civiles armados como agentes estatales de seguridad. El 2 de noviembre de 2015, hombres desconocidos dispararon más de 15 tiros afuera de la casa de Ana Mirian Romero. Este incidente ocurrió el mismo día que ella fue dada de alta debido a un ataque que se dió anteriormente el 22 de octubre de 2015. Ese día, apróximadamente a las 4:30 de la mañana, la casa de Ana Mirian Romero fue allanada por la policía. Un contingente de 30 oficiales entró a la fuerza y sin presentar una orden de cateo. Durante el incidente, la policía golpeó brutalmente a Ana Mirian Romero ─quien estaba embarazada de 24 semanas en ese momento─ así como a María Felicita López. Ana Mirian Romero fue subsecuentemente llevada al hospital en un estado crítico. Esos ataques llevaron finalmente a la aprobación de medidas cautelares por la CIDH.
Sin embargo, a pesar de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, los ataques no han cesado. El 29 de enero de 2016, agresores desconocidos incendiaron la casa de Ana Mirian Romero y Rosalio Vasquez Pineda, su pareja. El incendio premeditado se dió cuando la familia estaba lejos de su casa y a la fecha no se han identificado los responsables. El 9 de mayo de 2016, Ana Mirian Romero y sus hijos recibieron amenazas de muerte y fueron intimidados por cuatro hombres en su casa.
Front Line Defenders condena enérgicamente los actos de intimidación y las amenazas contra defensores/as de derechos humanos de los consejos indígenas de San Isidro Labrador y Santiago de Apóstol, los cuales parecen ser una represalia contra su trabajo legítimo y pacífico en defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente y en oposición a la construcción de una hidroeléctrica en sus territorios.
Front Line Defenders insta a las autoridades en Honduras a que:
1. Tomen acción inmediata para salvaguardar la integridad física y psicológica de los/as defensores/as Ana Mirian Romero, Roberto Gómez, María Felicita López y Rodolfo Vásquez, en particular a través de la implementación de las medidas cautelares (MC589/15) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2015, en consulta con los/as defensores/as y/o sus representantes;
2. Efectúen una investigación inmediata, rigurosa e imparcial sobre las alegaciones de actos intimidatorios y amenazas de muerte contra los/as defensores/as, en vista a publicar los resultados y llevar ante la justicia a los responsables de acuerdo con estándares internacionales;
3. Tomen acción inmediata para implementar los derechos de los pueblos indígenas sobre su tierra ancestral así como su derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier proyecto que afecte a sus comunidades;
4. Garanticen en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras en Honduras puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libre de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial.
El 9 de mayo de 2016, la Sra Ana Mirian Romero y sus hijos recibieron amenazas de muerte y fueron intimidados por cuatro hombres, en su domicilio, en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.
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Aproximadamente a las 4 pm, cuatro hombres de la comunidad de Potrero entraron a la casa de la defensora de derechos humanos armados con machetes y una pistola. La defensora se encontraba con sus hijas e hijo, los cuales fueron todos amenazados e intimidados por los invasores. Dos de los hombres fueron identificados por la defensora, quien indicó que los mismos individuos ya la habían amenazado anteriormente. La intimidación contra Ana Mirian Romero se dio tras la visita de una periodista de la BBC Radio y un periodista hondureño, ese mismo día, quienes la habían estado visitando para realizar un documental radial sobre la historia de la defensora de derechos humanos.
La intimidación y amenazas de muerte ocurrieron varios meses después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares en favor de Ana Mirian Romero y su familia, el 24 de noviembre de 2015. Las medidas cautelares también fueron emitidas en favor de otros 12 miembros del Consejo Indígena de San Isidro Labrador y del MILPAH.
La defensora ya había sido anteriormente objeto de actos de intimidación y ataques. El 29 de enero de 2016, sufrió un ataque incendiario en su domicilio, llevado a cabo por personas desconocidas. El 2 de noviembre de 2015, hombres no identificados dispararon más de quince tiros fuera de su domicilio. Este incidente se produjo en el mismo día en que Ana Mirian Romero fue dada de alta del hospital al que había ingresado a consecuencia de un ataque previo, ocurrido el 22 de octubre de 2015. Ese día, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, el hogar de Ana Mirian Romero fue allanado por la policía. Un contingente de 30 policías ingresó a su casa usando la fuerza y sin presentar orden formal para ello. Durante el incidente, los agentes golpearon a Ana Mirian Romero, quien tenía 24 semanas de embarazo. Ella fue llevada posteriormente al hospital en un estado grave de salud, corriendo el riesgo de sufrir un aborto como resultado del ataque.
Los ataques a Ana Mirian Romero han ocurrido en un contexto de intensificación de los riesgos que enfrentan las y los defensores de derechos indígenas en el departamento de La Paz y en Honduras. El 20 de diciembre de 2015, el cuerpo del Sr. Javier Vásquez Benítez, hijo del defensor de derechos humanos y prominente líder indígena Sr. Gilberto Vásquez, fue encontrado en un barranco en Santa Elena. En mayo de 2015, el cuerpo del defensor de derechos humanos Sr. Silvestre Manueles Gómez fue encontrado desmembrado en la orilla del río Chinacla, en la frontera de los departamentos de Intibucá y La Paz. En enero de 2015, el defensor de derechos humanos y miembro del MILPAH, Sr. Juan Francisco Martínez, fue asesinado.
Front Line Defenders condena enérgicamente las amenazas de muerte e intimidación recibidas por Ana Mirian Romero y sus hijos, lo más reciente de una serie de ataques y actos de intimidación perpetrados contra defensoras y defensores de derechos humanos y líderes indígenas en el departamento de La Paz y en Honduras, evidenciado internacionalmente con el asesinato de Berta Cáceres. Front Line Defenders considera que estos ataques están directamente relacionados con la labor legítima y pacífica de la defensora y líderes indígenas en la defensa de los derechos humanos.
Front Line Defenders insta a las autoridades hondureñas a que:
1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la intimidación y amenazas de muerte contra Ana Mirian Romero y su familia, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley en consonancia con los estándares internacionales;
2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de Ana Mirian Romero y su familia, incluyendo la implementación inmediata de las medidas cautelares otorgadas en su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
3. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.
El 29 de enero de 2016, un ataque incendiario fue llevado a cabo por perpetradores no identificados en el hogar de la defensora de derechos humanos Sra. Ana Mirian Romero y del defensor de derechos humanos Sr. Rosalio Vásquez Pineda.
El defensor y la defensora de derechos humanos también han sido activos en su oposición a la instalación de la Hidroeléctrica Los Encinos, propiedad de Los Encinos S. de R. L., en el río Chinacla. El municipio emitió una concesión para la construcción de la hidroeléctrica sin la realización de consultas con la comunidad indígena local, que ha expresado su gran preocupación por el impacto negativo del proyecto sobre el acceso al agua.
El ataque incendiario tuvo lugar mientras la familia estaba afuera de la casa, y los perpetradores todavía no han sido identificados. Casi todas las pertenencias de la familia fueron destruidas en el ataque. El 2 de febrero de 2016, los defensores presentaron una denuncia sobre el incidente ante el Ministerio Público.
El ataque contra el domicilio de la defensora y del defensor ocurrió aproximadamente dos meses después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares en favor de Ana Mirian Romero, Rosalio Vásquez y sus familiares, el 24 de noviembre de 2015. Las medidas cautelares también fueron emitidas en favor de otros 12 miembros del Consejo Indígena de San Isidro Labrador y del MILPAH.
La defensora y el defensor de derechos humanos habían sido anteriormente objeto de actos de intimidación y ataques. El 2 de noviembre de 2015, hombres no identificados dispararon más de quince tiros fuera de su domicilio. Este incidente se produjo en el mismo día en que Ana Mirian Romero fue dada de alta del hospital al que había ingresado a consecuencia de un ataque previo, ocurrido el 22 de octubre de 2015. Ese día, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, el hogar de Ana Mirian Romero y Rosalio Vásquez Pineda fue allanado por la policía. Un contingente de 30 policías ingresó a su casa usando la fuerza y sin presentar orden formal para ello. Durante el incidente, los agentes golpearon a Ana Mirian Romero, quien tenía 24 semanas de embarazo. Ella fue llevada posteriormente al hospital en un estado grave de salud, corriendo el riesgo de sufrir un aborto como resultado del ataque.
Los ataques a Ana Mirian Romero y Rosalio Vásquez Pineda han sido llevados a cabo en un contexto de intensificación de los riesgos que enfrentan las y los defensores de derechos indígenas en el departamento de La Paz. El 20 de diciembre de 2015, el cuerpo del Sr. Javier Vásquez Benítez, hijo del defensor de derechos humanos y prominente líder indígena Sr. Gilberto Vásquez, fue encontrado en un barranco en Santa Elena. En mayo de 2015, el cuerpo del defensor de derechos humanos Sr. Silvestre Manueles Gómez fue encontrado desmembrado en la orilla del río Chinacla, en la frontera de los departamentos de Intibucá y La Paz. En enero de 2015, el defensor de derechos humanos y miembro del MILPAH, Sr. Juan Francisco Martínez, fue muerto.
