Allanamiento y amenaza en contra de las personas defensoras de derechos humanos ambientales Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle

El 5 de abril de 2022, personas desconocidas allanaron la casa de las personas defensoras de derechos humanos ambientales Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT). El allanamiento ocurrió en la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio Juan C. Bonilla en el estado de Puebla.

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Carlos Flores Solís es un defensor de derechos humanos que como parte del FPDATMPT trabaja como abogado con más de una docena de comunidades nahuas afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM) y desarrollos a gran escala propuestos en la región de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Miryam Vargas Teutle es una comunicadora indígena Nahua y defensora de derechos humanos de la región Choluteca que, como integrante del FPDATMPT, trabaja en la defensa de sus territorios en contra del megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos. Integrantes del FPDATMPT han enfrentado distintas violaciones a sus derechos humanos incluyendo el acoso judicial, encarcelamiento, tortura, amenazas de muerte y asesinatos. En 2019 el defensor de derechos humanos Samir Flores Soberanos fue asesinado en relación a su trabajo pacífico en defensa del territorio de su comunidad.

El 5 de abril de 2022, la defensora Miryam Vargas Teutle descubrió que su casa fue allanada mientras no estaban ahí pues la reja y el candado de la puerta estaban rotos y había señales de que habían cortado un árbol de su jardín. Durante el allanamiento personas desconocidas dejaron deliberadamente un cuchillo sobre la cama en la que duermen la defensora y Juan Carlos Flores Solís y sustrajeron algunos documentos y removieron fotos de la familia. Del mismo modo, robaron una pantalla de la televisión, un microondas y una impresora, sin embargo, dejaron otros aparatos de valor que estaban a la vista en el lugar.

El allanamiento y la amenaza en contra de la y el defensor tiene lugar en el momento en el que el Presidente de la República se ha reunido recientemente con el dirigente de la asociación de riego del Río Cuautla (ASURCO) para buscar finiquitar la imposición del PIM y terminar con la oposición legal y social que existe en la región en contra del proyecto.

Los últimos incidentes se suman a otros hechos violentos que han sido reportados por el FPDTA a Front Line Defenders como la intimidación por parte de la Policía Estatal de Puebla que sufrieron personas defensoras de derechos humanos durante una manifestación pacífica en Santa María Zacatepec el 10 de junio de 2021. El 21 de noviembre de 2021 un grupo de hombres afines al Presidente Municipal agredieron físicamente a integrantes de la comunidad y a personas defensoras de derechos humanos durante la asamblea de la comunidad de Santa María Zacatepec. El 15 de febrero de 2022 la Guardia Nacional también desalojó a manifestantes pacíficos y personas defensoras de derechos humanos de las instalaciones de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.

Es de suma preocupación que estos actos de intimidación puedan expandirse a otras comunidades de personas defensoras de derechos humanos de la región, particularmente en el contexto del desarrollo de “La Caravana por el agua y por la vida” que tiene por objeto denunciar el despojo y el saqueo de los recursos naturales que sufren las comunidades de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Querétaro. El saqueo de agua ha sido particularmente denunciado por integrantes de la comunidad del municipio de Juan C. Bonilla, estado de Puebla, en donde hay una creciente resistencia social en contra del saqueo de los pozos y mantos acuíferos por parte de la empresa embotelladora Bonafont.

Front Line Defenders reitera su preocupación por la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle, de otros integrantes del FPDTAPMT, así como de quienes defienden de manera pacífica el territorio de sus comunidades. Front Line Defenders cree que la intimidación de defensores y defensoras de derechos ambientales busca obstaculizar su valioso trabajo en defensa de los derechos ambientales y territoriales en México, y representa un patrón de violencia contra las comunidades que se oponen a la explotación de sus territorios sin el derecho a la consulta de quienes los habitan.