Líderes comunitarios Aymara enfrentan posible condena penal
El 6 de julio de 2017, Walter Aduviri Calizaya, defensor de derechos humanos y líder Aymara, fue declarado culpable del delito de disturbios y condenado a siete años de prisión y a una multa de dos millones de soles (más de 500,000 dólares americanos). Los otros nueve líderes Aymara fueron absueltos de todos los cargos. Walter Aduviri Calizaya tiene la intención de apelar el fallo ante la Sala Penal de Apelaciones.
Las comunidades Aymaras de Puno se han movilizado para proteger el medio ambiente de los daños irreparables que las actividades mineras podrían causar a sus fuentes de agua y a varios ríos de la región, como los ríos Callacami y Desaguadero. Las comunidades indígenas también han pedido que se respete su derecho al consentimiento previo, libre e informado, consagrado tanto en las leyes nacionales como en convenios internacionales de derechos humanos. Las comunidades Aymara han estado acompañadas por Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno - DHUMA, una organización no gubernamental que promueve la defensa y la aplicabilidad de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente en Puno, Perú.
El 6 de julio de 2017, Walter Aduviri Calizaya, defensor de derechos humanos y líder Aymara, fue declarado culpable del delito de disturbios y condenado a siete años de prisión y a una multa de dos millones de soles (más de 500,000 dólares americanos). Los otros nueve líderes Aymara fueron absueltos de todos los cargos. Walter Aduviri Calizaya tiene la intención de apelar el fallo ante la Sala Penal de Apelaciones.
Descarga el Llamamiento Urgente (PDF)
Walter Aduviri Calizaya es un líder Aymara de la región de Puno, Peru. Las comunidades Aymaras de Puno se han movilizado para proteger el medio ambiente de los daños irreparables que las actividades mineras podrían causar a sus fuentes de agua y a varios ríos de la región, como los ríos Callacami y Desaguadero. Las comunidades indígenas también han pedido que se respete su derecho al consentimiento previo, libre e informado, consagrado tanto en las leyes nacionales como en convenios internacionales de derechos humanos.
El 6 de julio de 2017, el Tribunal Penal Colegiado del Tribunal Superior de Puno, celebró nueva audiencia del juicio contra 18 líderes comunitarios Aymara, acusados penalmente de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada. En audiencia preliminar de 28 de junio, ocho de los líderes tuvieron sus acusaciones retiradas. Sin embargo, los 10 defensores restantes se enfrentan a posibles penas de hasta 28 años de prisión y una multa de más de 2 millones de soles.
El Tribunal absolvió a los diez defensores de derechos humanos por los cargos de extorsión agravada y entorpecimiento del servicio público. También absolvió a nueve de los defensores del delito de disturbio (artículo 315 del Código Penal peruano), indicando que no podía probar la responsabilidad penal de los acusados por los supuestos crímenes, salvo en el caso de Walter Adurivi Calizaya. Posteriormente, el Tribunal condenó a Walter Adurivi Calizaya a siete años de prisión y a una multa de dos millones de soles (más de 500.000 dólares). El defensor tiene la intención de apelar el fallo ante la Sala Penal de Apelaciones.
El juicio se refiere a una movilización organizada por comunidades Aymara, conocida como “Aymarazo”, que tuvo lugar en Puno en 2011. En ese entonces, las comunidades realizaron varias protestas contra el proyecto minero “Santa Ana”, propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. Las comunidades Aymara afirmaban que el proyecto tendría impactos negativos a sus derechos ambientales, causando daños a sus fuentes de agua. Como resultado de semanas de protestas, el gobierno derogó el decreto que autorizaba la mina. Sin embargo, 18 líderes comunitarios fueron acusados penalmente de los supuestos crímenes de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada.
Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la criminalización de los líderes Aymara, así como por la sentencia contra el defensor de derechos humanos Walter Aduviri Calizaya y exhorta a las autoridades del Perú a que retiren de inmediato todos los cargos contra él, ya que cree estar directamente vinculados a su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos humanos.
El 6 de julio de 2017, en el Tribunal Penal Colegiado del Tribunal Superior de Puno, se celebrará una nueva audiencia del juicio en curso contra 18 líderes comunitarios Aymara, acusados penalmente de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada. El juicio se refiere a campanas realizadas por los defensores de derechos humanos contra el proyecto minero “Santa Ana”, propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. En audiencia preliminar de 28 de junio, ocho de los líderes tuvieron sus acusaciones retiradas. Sin embargo, los 10 defensores restantes se enfrentan a posibles penas de 16 a 28 años de prisión y una multa de más de 2 millones de dólares.
Las comunidades Aymaras de Puno se han movilizado para proteger el medio ambiente de los daños irreparables que las actividades mineras podrían causar a sus fuentes de agua y a varios ríos de la región, como los ríos Callacami y Desaguadero. Las comunidades indígenas también han pedido que se respete su derecho al consentimiento previo, libre e informado, consagrado tanto en las leyes nacionales como en convenios internacionales de derechos humanos. Las comunidades Aymara han estado acompañadas por Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno - DHUMA, una organización no gubernamental que promueve la defensa y la aplicabilidad de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente en Puno, Perú.
El juicio se refiere a una movilización organizada por comunidades Aymara, conocida como “Aymarazo”, que tuvo lugar en Puno en 2011. En ese entonces, las comunidades realizaron varias protestas contra el proyecto minero “Santa Ana”, propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. Las comunidades Aymara afirmaban que el proyecto tendría impactos negativos a sus derechos ambientales, causando daños a sus fuentes de agua. Como resultado de semanas de protestas, el gobierno derogó el decreto que autorizaba la mina. Sin embargo, 18 líderes comunitarios fueron acusados penalmente de los supuestos crímenes de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada.
El 28 de junio de 2017 se procedió a la audiencia de alegatos finales y, por falta de pruebas, la Fiscalía retiró la acusación en contra de ocho de los 18 procesados. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que los otros 10 líderes comunitarios sean sentenciados a posibles penas de 16 a 28 años de prisión y una multa de más de 2 millones de dólares. Los defensores de derechos humanos que siguen siendo procesados son Walter Aduviri Calizaya, Patricio Illacutipa Illacutipa, Rufino Machaca Quinto, Domingo Quispe Tancara, Javier Pari Sarmiento, Eddy Uriarte Chambilla, Gregorio Ururi Fernández, Severo Efraín Iturry Gandarrillas, Gilver Chura Yupanqui y Felix Illacutipa Mamani. La próxima audiencia se encuentra programada para el 06 de julio de 2017 y se espera que la sentencia sea dictada en los días subsecuentes. .
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la protesta social es importante para la consolidación de la vida democrática y que, en general, esta forma de participación en la vida pública, como ejercicio de libertad de expresión, juega un rol social crucial. Asimismo, ha destacado que en muchos de los países del hemisferio, la protesta social y la movilización se han convertido en herramientas para hacer demandas a las autoridades públicas, así como canales para denuncias públicas de abusos o violaciones de derechos humanos.
Front Line Defenders ha informado previamente sobre la difícil situación que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Perú, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, asesinatos, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Estas violaciones parecen estar directamente relacionadas con la labor legítima y pacífica que desarrollan los defensores de derechos humanos, incluidas el apoyo que brindan a las comunidades locales que abogan por sus derechos frente a proyectos mineros que les afectan. En marzo de 2017, Front Line Defenders también concluyó que Perú ha fallado reiteradamente en brindar protección a defensores y defensoras de derechos humanos. A pesar de la aprobación de la Ley de Consulta Previa en 2011, el gobierno ha continuado emitiendo licencias mineras y extractivas sin previa consulta con los pueblos indígenas locales y ha recurrido a la violencia y criminalización contra líderes sociales en conflictos socioambientales relacionados con proyectos extractivos.
Front Line Defenders expresa su preocupación por el proceso de criminalización que enfrentan los líderes comunitarios Aymara y solicita a las autoridades de Perú que retiren inmediatamente todos los cargos contra ellos, ya que Front Line Defenders cree que estos cargos están directamente vinculados a su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos humanos.
Front Line Defenders insta a las autoridades del Perú a:
1. Retirar de inmediato todos los cargos en contra de Walter Aduviri Calizaya, Patricio Illacutipa Illacutipa, Rufino Machaca Quinto, Domingo Quispe Tancara, Javier Pari Sarmiento, Eddy Uriarte Chambilla, Gregorio Ururi Fernández, Severo Efrain Iturry Gandarrillas, Gilver Chura Yupanqui y Felix Illacutipa Mamani, ya que Front Line Defenders cree que están siendo criminalizados únicamente como resultado de su trabajo legítimo y pacífico en la defensa de los derechos humanos;
2. Tomar todas las medidas necesarias, en consulta con los defensores de derechos humanos, para garantizar su integridad física y psicológica y su seguridad, así como de sus familias y representantes legales;
3. Abstenerse de utilizar el sistema de justicia para intimidar, hostigar y desacreditar a los defensores y defensoras de derechos humanos;
4. Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el Perú puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones, incluido el acoso judicial.
