Detención arbitraria, agresiones físicas y acoso judicial contra las defensoras Kenia Inés Hernández y Claudia Elizabeth Herrera

El 5 de junio de 2020 la defensora y abogada de derechos Claudia Elizabeth Hernández Herrera fue detenida detenida arbitrariamente y atacada físicamente por integrantes la policía del Estado de San Luis Potosí, mientras cumplía labor de observadora de derechos humanos en una manifestación contra del abuso policial en la ciudad de San Luis Potosí. El 6 de junio la defensora Kenia Inés Hernández Montalván fue detenida arbitrariamente junto con tres menores de edad en la caseta “Hortaliza-Valle de Bravo” por oficiales de la policía del Estado de México.

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Claudia Elizabeth Hernández Herrera y Kenia Inés Hernández Montalván son defensoras de derechos humanos egresadas de la Escuela de Justicia Transnacional (EJT) de ProDESC, instituto que promueve la formación de defensoras y defensores de derechos humanos para potenciar la defensa y promoción de derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en México. Claudia Elizabeth es abogada y defensora de derechos humano y acompaña procesos agrarios y de defensa territorial de comunidades indígenas y campesinas en el poblado de Cerro de San Pedro del Estado de San Luis Potosí. Por su parte Kenia Inés es defensora de derechos humanos y feminista, coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y una de las dirigentes del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, así como de la articulación de personas defensoras, víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a los derechos humanos “Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos”. El Colectivo Libertario Zapata Vive es un movimiento social campesino que defiende los derechos a la tierra, la identidad colectiva y promueve diferentes formas de resistencia pacifica frente a modelos de desarrollo de corte neoliberal impuestos por el Estado Mexicano.

El día viernes 5 de junio a las 7.30 pm, Claudia Elizabeth Hernández Herrera fue detenida arbitrariamente en la ciudad de San Luis Potosí, mientras cumplía labor como observadora de derechos humanos en una manifestación en contra del abuso policial, el cual provocó la muerte de Giovanni López de 30 años en el Estado de Jalisco el pasado 4 de mayo. Claudia fue agredida físicamente por los policías del estado y permaneció incomunicada por mas de ocho horas. Tras su detención, fue llevada a la Fiscalía de San Luis Potosí donde se le acusa del delito de motín y daños a la propiedad, a raíz de una denuncia presentada por el Congreso del Estado. Claudia Elizabeth estuvo 2 días en detención arbitraria y fue puesta en libertad el 7 de junio a las 6.00 am, sin embargo continua vinculada a un proceso legal por los cargos fabricados mencionados.

Desde principios de Mayo del presente año, varios estados de México entre estos: Ciudad de México, Baja California, Querétaro, Morelos, Veracruz, Yucatán, San Luis Potosí, Nuevo León y el Estado de México han vivido una ola de protestas en contra de la violencia policíaca. Las protestas iniciaron tras conocerse la muerte a manos de la policía del joven Giovanni López, quien supuestamente fue detenido por no portar una mascarilla de protección contra el Covid-19. Durante las protestas de los últimos días, decenas de personas, fueron gravemente heridas y detenidas de manera arbitraria. En el estado de Jalisco las y los manifestantes han sido liberados paulatinamente en zonas remotas de alto riesgo por la presencia de carteles de drogas, algunas de las personas liberadas, con claras muestras de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La noche del sábado 6 de Junio hacia las 10.00 pm, policías estatales y ministeriales detuvieron arbitrariamente a la defensora Kenia Inés Hernández Montalván junto a tres menores de edad, en la caseta de cobro “Hortaliza-Valle de Bravo” en el Estado de México. La defensora y al menos 40 personas más se encontraban en la caseta de peaje exigiendo la liberación de dos jóvenes del colectivo detenidos durante más de 9 meses en la comunidad de Buena Vista en la municipalidad de San Luis de Acatlán.

La detención de la defensora y los menores ocurrió después de un enfrentamiento entre dos trabajadores de la caseta y al menos 10 patrullas de la Seguridad Pública del Estado de México. Los trabajadores de la caseta intentaron impedir el paso de los integrantes de la policía quienes, violando el debido proceso en ausencia de una orden de aprehensión, realizaron la detención de la defensora y de los tres menores. La defensora, quien desde septiembre de 2019 es beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y de Derechos Humanos y Periodistas, fue trasladada al penal de Chiconautla, Ecatepec en el Estado de México, donde permanece privada de libertad hasta la fecha sin certeza de los cargos en su contra. Una audiencia de extensión constitucional en la que un juez determinará si la defensora es vinculada a proceso, ha sido programa para el día jueves 11 de Mayo de 2020.

La defensora Kenia Inés Hernández Montalván y varios integrantes del Colectivo Libertario Zapata Vive, han sido objeto de constantes amenazas y persecución política desde febrero de 2019, dos meses tras haber iniciado el movimiento por la libertad de personas presas políticas. En abril del mismo año, el Colectivo Libertario Zapata Vive denunció graves amenazas por parte del gobierno del Estado hacia integrantes de su organización. Consecutivamente, en en mayo el colectivo reporto vigilancia por parte de la policía estatal y en junio la defensora Kenia Inés Hernández Montalván empezó a recibir una serie de amenazas que se escalaron a amenazas de muerte en el mes de septiembre, razón por la cual la defensora tuvo que reubicarse.

Front Line Defenders expresa seria preocupación por las detenciones arbitrarias realizadas bajo delitos fabricados en contra las defensoras de derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván y Claudia Elizabeth Hernández Herrera, así como por la integridad física y psicológica de las defensoras, a causa de las fuertes agresiones físicas de las que han sido objeto por parte de integrantes de la policía. De igual manera, Front Line Defenders también expresa su profunda preocupación por la falta de sustento jurídico que acobijan sus detenciones, la ausencia de una orden de aprensión en ambos casos, así como por las condiciones de detención bajo las que permanece Kenia Inés Hernández Montalván y la limitación de su derecho a comunicarse con familia y abogado.

Front Line Defenders cree que estas detenciones arbitrarias y las previas amenazas y actos de vigilancia son parte de una amplia estrategia de intimidación y violencia contra las y los defensores del territorio y de los derechos humanos de comunidades indígenas y personas presas políticas. Front Line Defenders también cree que el uso de delitos fabricados se ha convertido en una estrategia efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en México. Front Line Defenders tiene la certeza que detención arbitraria de las dos defensoras y la brutalidad policial a la que han sido sometidas, es una represalia directa por su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos humanos.