En el departamento de Antioquia al norte de Colombia, la represa Hidroituango está destruyendo el territorio donde viven miles de familias. Las inundaciones, los deslizamientos de tierra, la deforestación, la contaminación y la muerte masiva de peces son sólo algunos ejemplos del daño ambiental de esta hidroeléctrica que se está construyendo actualmente sobre el río Cauca, el segundo más importante de Colombia, pero que por el riesgo que representa lleva cerca de dos años suspendida por la Autoridad Ambiental.
El impacto social es igualmente devastador: la población local no ha tenido acceso a información ni a un proceso de participación adecuados, ya que las autoridades no solicitaron su consentimiento antes de construir la presa; muchas comunidades están siendo desplazadas por la fuerza; los pescadores, agricultores y los barequeros (mineros artesanales y ancestrales de las riberas del río) están perdiendo sus medios de vida y subsistencia, su cultura, están sufriendo de hambre cuando antes tenían una vida digna asociada al río, estas comunidades afectadas están manifestando y denunciado la situación producida por Hidroituango pero están siendo objeto de amenazas y ataques constantes.
Además, el proyecto hidroeléctrico se construye en una de las regiones más afectadas por los más de 50 años de conflicto armado. Cientos de personas han sido víctimas de desaparición forzada, cientos más han sido asesinadas y las familias siguen buscando los cuerpos de sus seres queridos. Inundando cientos de hectáreas de esas tierras, se vuelve imposible llevar a cabo investigaciones sobre las fosas comunes y los cuerpos que fueron enterrados ahí, lo que afecta gravemente los esfuerzos por alcanzar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
En el 2008, diferentes asociaciones de pescadores, barequeros, mujeres, jóvenes, agricultores de la zona, víctimas del conflicto armado y defensores de derechos humanos sumaron fuerzas para crear el Movimiento Ríos Vivos de Colombia (MRV), todos afectados por Hidroituango, todos habitantes de las regiones de Occidente, Norte y Bajo Cauca en el departamento de Antioquia, para denunciar los abusos de derechos humanos que se estaban produciendo en el contexto de la construcción de la hidroeléctrica y ponerles fin, manifestarse contra su impacto negativo y protestar en su contra.
Desde entonces, los/as activistas del MRV han estado llevando a cabo acciones de incidencia política a nivel local e internacional, han organizado protestas pacíficas y eventos públicos y han visibilizado su lucha a través de diferentes medios de comunicación, entre ellos de sus redes sociales como twitter @RiosVivosColom y @RiosLibresAnt y su página web riosvivoscolombia.org
El proyecto Hidroituango, operado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM), fue proyectado para generar 2400 MW es la represa más grande de Colombia y una de las más grandes de América Latina. Con un embalse de 79 km de largo y una pared de 225 metros de alto, afecta a más de 300 mil hectáreas y 27 municipios, proyectaba inundar alrededor de 4.500 hectáreas pero hasta hoy con el represamiento irregular e ilegal que realizó se desconoce cuantas hectáreas realmente tiene inundadas o que inundó por momentos cuando produjo una avalancha que dejó sin vivienda, medios de subsistencia, puentes, hospitales, escuelas no sólo a las comunidades del área prevista a represar sino a las comunidades aguas abajo del muro.
Los 27 municipios de los departamentos de Antioquia, Sucre, Bolivar y Cordoba afectados por Hidroituango son Magangue, San Benito Abad, Sucre, Pinillos, Caimito, Majagual, Achí, San Marcos, Ayapel, Guaranda, San Jacinto del Cauca, Nechi, Caucasia, Caceres, Tarazá, Valdivia, Ituango, Yarumal, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Peque, Sanalarga, Buriticá, Liborina, Olaya, Santa Fe de Antioquia.
La lucha por salvar el río
La construcción de la represa Hidroituango esta generando consecuencias fatales para los ecosistemas de Colombia.
Según las comunidades locales organizadas en el MRV, para la construcción de esta obra la empresa destruyó el bosque seco tropical que rodeaba el río Cauca, un ecosistema ya frágil que se encuentra en peligro de extinción en el planeta. Desde el 2016, Ríos Vivos denunció que la empresa estaba talando el bosque lo que provocó un mayor riesgo de deslizamientos de tierra, migración de especies, perdida de especies de flora con veda o protección nacional y perdida de referentes para encontrar los cuerpos que producto de la violencia bajaban por el cauce del río y eran rescatados y enterrados en las riberas del río por pescadores y barequeros atendiendo a sus mandatos espirituales. No obstante lo anterior la comunidad era consciente de la gravedad de inundar el embalse sin retirar la capa vegetal por lo que ante la inminencia del llenado solicitaron que se retirara todo este material para evitar su descomposición y la alta generación de gas metano, no lo hicieron talaron una pequeña parte y no retiraron en su mayoría lo que talaban hoy con la zona inundada este gas es emitido a la atmósfera generando mayor calentamiento global y afectado al planeta.
Los/as defensores/as de derechos humanos de la zona se quejan de que las EPM no ha cumplido con las obligaciones que establece la licencia ambiental concedida por el Estado. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha abierto más de12 procedimientos de sanción algunos ya finalizados con la imposición de multas y suspensiones de la obra, total y parcialmente, así mismo la ANLA denunció penalmente a EPM por el delito de fraude procesal al encontrar que en repetidas ocasiones la empresa realizó construcciones sin su autorización, afectando el ambiente y a las comunidades, en especial el tercer túnel de desviación que produjo la avalancha del mes de marzo de 2018 y miles de damnificados. La Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación han abierto otras investigaciones, las más avanzadas son las de la Contraloría encontrando que el proyecto no es viable económicamente y que sólo recuperará su inversión en114 años, este órgano de control ha emitido diferentes informes todos demostrando las múltiples irregularidades de la obra:
Aunque para llenado del embalse se tenia múltiples requisitos y estaba previsto para el mes de julio de 2018, este fue iniciado por EPM, sin permiso de la autoridad competente, la empresa selló dos de los tres túneles de desviación del río con cemento provocando su represamiento y una gran presión en el tercer túnel el cual se conocía no tenia capacidad para evacuar la gran cantidad de agua que pasaba antes por dos túneles más, sin dar aviso a las comunidades de la zona, la empresa inundó sus viviendas y medios de subsistencia, muchos tuvieron que ser rescatados pues quedaron atrapados por las aguas, fueron llevados por organismos de socorro a los parques principalmente del municipio de Ituango y de Sabanalarga, perdieron todos sus enseres y no han recibido hasta hoy después de casi dos años ninguna tipo de ayuda del Estado, están a la deriva tratando de sobrevivir de jornales en las fincas, otros se fueron a raspar coca y en otros casos el hambre a facilitado el reclutamiento para grupos al margen de la ley. El nivel del agua subía sin control y la empresa no había terminado de construir ni el muro, ni el vertedero para el rebose del agua, ni las vías sustitutivas, ni el túnel de descarga intermedia para mantener el caudal ecológico, ni la casa de maquinas, nada de esto. El 28 de abril de 2018 se agudizó la tragedia que había iniciado desde que se concibió la obra; una gran cantidad de rocas y vegetación, sumado a la presión del agua bloquearon único túnel que dejaron para el paso del río Cauca que súbitamente se destapono por unos minutos el 12 de mayo generado una gran avalancha que destruyó todo aguas abajo del obra. La empresa urgió a sus trabajadores a irse de la zona, se declaró la alerta roja, miles de familias huyeron de la zona, otras fueron evacuadas por las autoridades (más de siete mil personas) que llegaron a albergues improvisados y aún hoy no tienen soluciono definitiva pues la obra sigue generando alto riesgo para las comunidades, pues no se descarta la posibilidad de un nuevo destaponamiento súbito.
En febrero de 2019 una nueva emergencia enluto a toda la región, según la empresa EPM habían encontrado unas gigantescas oquedades o huecos producidos al interior de la montaña por la fuerza del agua que al pasar por la casa de maquinas que no estaba terminada produjo serios daños, ante esta situación la empresa decidió cerrar las compuestas e interrumpir por varios días el paso del agua, corto el flujo del río en su totalidad, esta desconexión generó una sequía sin precedentes y una mortandad de especies icticas que lleno de dolor a la población. Mataron el río fue la expresión de la mayor parte de los pobladores de la zona.
En junio de 2018, el MRV presentó una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitando una investigación para verificar si el BID, a través de sus brazos públicos y privados, violó sus propios estándares sociales y medioambientales al invertir en la represa Hidroituango. Hasta ahora el BID no avanza en la investigación.
On 1 September 2018, the MICI declared elegible the request for inquiry that the MRVA filed against the Hidroituango project. According to the MICI, the complaint met all the legal requirements that must be met in order to be admitted. Therefore, the process continues up to date, and passes to a consultation phase, which consists of mediation and dialogue to reach possible agreements between the parties.
"Hicieron muchas promesas, la empresa dijo que traerían desarrollo sostenible, paz y armonía, pero no hemos visto ninguna ventaja. Solo contaminación, desplazamientos forzados, miseria y hambre."
- Miembro, Movimiento Ríos Vivos Antioquia
El impacto en los habitantes de la región ha sido devastador. A causa de la represa, las comunidades que viven de la pesca y la agricultura están perdiendo sus medios de vida. Los peces en el río Cauca están muriendo y las comunidades desplazadas ya no pueden cultivar sus tierras. Sin embargo, la empresa no ha ofrecido ninguna indemnización a la población afectada.
La sociedad civil ha solicitado ser consultada y participar activamente en el proceso de toma de decisiones de este proyecto. Sin embargo, hasta ahora sólo se ha permitido una consulta pública a la que asistieron más de 1.200 personas y casi todas se opusieron al proyecto debido a su alto impacto ambiental, social y económico. No obstante, sus preocupaciones no se tomaron en cuenta y la Audiencia fue terminada de manera abrupta por la Autoridad Ambiental por considerar no pertinentes las opiniones de las comunidades.
Verdad y justicia
Antioquia es una de las regiones de Colombia más afectadas por el conflicto armado. Las comunidades locales han sufrido brutales abusos de derechos humanos y violencia a manos de guerrilleros, grupos paramilitares y fuerzas estatales, que durante los últimos 50 años han sido responsables de desapariciones forzadas, masacres, torturas, asesinatos, campos minados, desplazamientos forzados, amenazas, reclutamiento forzado, confinamiento de la población, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
Según las cifras oficiales recopiladas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), desde 1958 al menos XXXX personas han sido víctimas de desapariciones forzadas en los 27 municipios afectados por Hidroituango. El MRVA ha documentado al menos 124 masacres en estos mismos municipios, la mayoría de ellas perpetradas por grupos paramilitares. Más del 60% de la población local ha sido objeto de desplazamientos forzados a causa del conflicto armado y 700 familias (sólo de las integrantes del Movimiento Ríos Vivos) fueron desplazadas por Hidroituango.
El proyecto Hidroituango inundó un territorio en el que hay fosas comunes y donde se enterraron cuerpos sin identificar durante todo el conflicto. Esto dificulta que se lleven a cabo investigaciones futuras, viola el derecho a la justicia e inflige más dolor a aquellas familias que siguen buscando los cuerpos de sus familiares asesinados o desaparecidos. Hasta ahora, las autoridades, producto de la lucha del MRV, han encontrado 159 cuerpos en esta zona, pero hay denuncias por más de 3.000 casos de desaparición.
Como dice Isabela Cristina Zuleta:
“Ese bosque, ese rio, y esas montañas que estamos defendiendo tienen que ver con nuestra memoria. Los ríos en Colombia son fuente de memoria histórica, porque la mayoría de los cuerpos fueron arrojados a ellos – los cuerpos masacrados por la violencia -. Solo en mi territorio se han cometido cientos de masacres, en todo Colombia, miles y la mayoría de esos cuerpos han sido arrojados a los ríos. Los ríos son grandes fosas comunes, pero necesitamos encontrar esos cuerpos que fueron arrojados a los ríos (...) Si los ríos son intervenidos con mega proyectos vamos a perder la posibilidad de encontrar a los muertos muchos de los 86,000 casos de desaparición forzada que hay en Colombia y la familias de los desaparecidos necesitan encontrar a sus seres queridos para sanar su dolor y reconstruir su vida. El dolor de una desaparición forzada, que es un crimen contra la humanidad, no se agota hasta que no encuentras a tu ser querido y logras hacer el duelo (…) Sentimos que el gobierno Colombiano quiere inundar la memoria y destruir la posibilidad de saber la verdad sobre esas masacres y la violencia. Hoy sentimos que la angustia a la que han sometido a mi comunidad, la incertidumbre de no tener certeza sobre la estabilidad de la obra y por lo tanto del territorio, es el mismo sentimiento que se sufre con la desaparición forzada.
"No sabemos que pasará con nosotros mismos, nos han desaparecido el territorio y la vida y no sabemos como reconstruir el proyecto de vida sin saber si estaremos vivos o no.”
- Isabel Cristina Zuleta, MRVA
En peligro por proteger su territorio, el agua y la vida
Desde que comenzó la construcción del Hidroituango, el MRVA ha organizado manifestaciones públicas para oponerse al proyecto y crear conciencia sobre su impacto negativo. Como consecuencia de su activismo, las comunidades organizadas en el Movimiento han sido atacados en repetidas ocasiones y de múltiples maneras: Usando el derecho penal en su contra or medio de procesos judiciales, amanerando a todos sus integrantes de manera colectiva y generalizada para intentar desarticularlo, impidiendo que se visibilicen las acciones de protesta pacífica por los medios de comunicación masivos, estigmatizando y generando discursos de odio en contra del Movimiento por su oposición al Proyecto, asesinatos en contra de los líderes y de sus familiares, intentos de asesinato, ataques con explosivos, desplazamientos forzados, disciminacion por el hecho de pertenecer a la oposición al megaproyecto, seguimientos ilegales e intimidación, persecución, señalamiento, hostigamiento y disparos por parte de autoridades locales, todo lo anterior con graves consecuencias morales, materiales y políticas para el colectivo.
Si bien los agentes responsables de los ataques contra los miembros del MRV son múltiples, la compañía de seguridad privada contratada por las EPM y los grupos armados ilegales de la región representan la principal amenaza. Actualmente, el MRV cuenta con un plan de prevención y protección colectivo respaldado por el Ministerio del Interior, que acordó adoptar políticas y medios materiales para contribuir a la seguridad de las comunidades en Antioquia. Sin embargo, estas medidas no se han implementado completamente.
"En la región afectada por el megaproyecto Hidroituango, la tragedia humanitaria y ambiental no es natural ni tampoco una coincidencia. El desastre ecológico y los ataques contra el movimiento que se pronuncia en su contra son una realidad, y están vinculados al desarrollo del mega proyecto"
- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR
Cronología de los Ataques
- 22 de junio de 2019: la sede de Ríos Vivos fue atacada. Robaron documentos importantes de la organización, entre ellos actas y documentos que habían sido presentados como evidencia en el proceso penal en contra de la empresa EPM, así como la lista de asistentes a la última reunión celebrada del 15 al 19 de junio, a la que acudieron los principales líderes del Movimiento con el objetivo de debatir acerca de las futuras estrategias de defensa del territorio. Además, robaron la comida almacenada para sus encuentros.
- 26 de octubre de 2018: Miembros del MRV en Ituango recibieron una amenaza dirigida a los defensores de derechos humanos Genaro de Jesus Graciano e Isabel Cristina Zuleta fundadores del proceso organizativo. Por otro lado, miembros del Movimiento se han dado cuenta de que el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC está distribuyendo un panfleto intimidatorio en el que declaran a los miembros del Movimiento Ríos Vivos como un «objetivo militar».
- 22 de septiembre de 2018: se produjo el asesinato de dos familiares de miembros del Movimiento Ríos Vivos, uno en el municipio de Briceño y el otro en el municipio de Valdivia.
- 8 de mayo de 2018: el pescador y defensor de derechos humanos Luis Alberto Torre Montoya, y su hermano, Duvian Andrés Correa Sánchez, fueron asesinados a tiros. Eran miembros de la Asociación de pequeños mineros y pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA), que forma parte del MRV. Fueron asesinados mientras trabajaban como “barequeros” (mineros artesanales) en las riberas del río Cauca.
- 2 de mayo de 2018: una persona no identificada disparó y mató al defensor de derechos humanos Hugo Albeiro George Pérez, mientras participaba en una protesta pacífica en Puerto Valdivia. El sobrino del defensor de DDHH, Domar Egidio Zapata George, también murió en el ataque. Hugo Albeiro George Pérez fue un líder comunitario de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos ASVAM El Aro en el municipio de Ituango, una de las organizaciones que forma parte del MRV.
- Abril de 2018: A pesar de la carta del Parlamento Europeo en la que se expresaba preocupación por el proyecto Hidroituango y el impacto en las comunidades locales, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que la Fiscalía investigaría a todas las personas que intentaran afectar y detener el proyecto, instando publicamente a la estigamatización y persecución judicial en contra de las comunidades.
- Julio de 2014: La defensora de los derechos ambientales y portavoz del MRV Isabel Cristina Zuleta recibió mensajes en sus redes sociales acusándola de pertenecer a las FARC. El mes anterior, habían entrado en su casa y robado un disco duro con información sobre su organización. Desde que participó en las protestas sociales contra la construcción de la represa Hidroituango, Isabel Cristina Zuleta ha sido objeto de vigilancia, escuchas telefónicas, amenazas de muerte y criminalización.
- En el 2015: La líder Isabel Cristina Zuleta del MRV y el líder Martín Monsalve fueron atacados por parte de encapuchados que buscaban raptar a Isabel y desaparecerla. El ataque aún esta en la impunidad.
- 30 de noviembre de 2013: Robinson David Mazo fue asesinado como consecuencia de siete disparos en el municipio de Toledo, en el norte del departamento de Antioquia.
- 14 de octubre de 2013: intento de asesinato de uno de los líderes del MRV, Genaro Graciano
- 17 de septiembre de 2013: el defensor de los derechos ambientales Nelson Giraldo Posada fue hallado muerto, degollado, con balas en el pecho y las piernas a orillas del río Cauca en el municipio de Ituango.
- Junio de 2011: los nombres de alrededor de 2000 personas de Ituango y Toledo fueron publicados en un blog acusados de ser «guerrilleros».
