Actúa. Apoye a Patricia Orozco
Su Excelencia,
El 28 de septiembre de 2016, las defensoras de derechos de las mujeres Sras Patricia Orozco, Duyerling Ríos, Celia Contreras, Luisa Molina, María Jesús Tenorio y Jessica Hernández, junto al comunicador Abixael Mogoyón, fueron detenidas sin justificación mientras participaban en una manifestación pacífica que conmemoraba el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Las defensoras y el periodista fueron liberados una hora después, sin ninguna explicación de parte de la policía.
Patricia Orozco, Celia Contreras, Duyerling Ríos, María Jesús Tenorio, Jessica Hernández y Luisa Molina son reconocidas defensoras de derechos humanos nicaragüenses, feministas e integrantes de la Campaña 28 de Septiembre y de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras. La Campaña 28 de Septiembre surgió en el Vto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en San Bernardo, Argentina, en noviembre de 1990, con el objetivo de generar condiciones para lograr el acceso a abortos seguros, legales y con calidad de atención en todos los países de América Latina y el Caribe.
En la mañana del 28 de septiembre de 2016, Día Internacional para la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, las seis defensoras se encontraban cerca de la Asamblea Nacional, manifestando a favor de la descriminalización del aborto. Cada año el 28 de septiembre, el movimiento feminista se moviliza para demandar al Estado de Nicaragua que restaure el derecho al aborto libre, seguro y gratuito para las mujeres. El derecho al aborto libre, seguro y gratuito continúa siendo uno de los temas más contenciosos en el país: en Nicaragua estuvo permitido por más de 100 años antes de que un voto de la Asamblea Nacional en 2006 aprobara una prohibición total, sin excepción siquiera en casos de complicaciones en el embarazo o violaciones sexuales.
En la manifestación, las defensoras de derechos humanos llevaban una manta que decía "Aborto Ilegal Violencia Estatal" y usaron pintura roja para marcar en la calle la entrada por la cual arriban los diputados de la Asamblea Nacional, simbolizando así la muerte de mujeres que no tienen acceso a un aborto libre, seguro y gratuito. Poco después, a las defensoras se les acercaron dos individuos en ropa de civil que se presentaron como oficiales de policía, pero se negaron a presentar sus credenciales. Dentro de poco, las defensora se vieron rodeadas de oficiales de policía uniformados. Las defensoras fueron detenidas, junto al periodista Abixael Mogoyón, y llevadas a la estación de policía Distrito Uno. El grupo fue liberado después de una hora. No se les brindó ninguna justificación para el arresto, evidenciando que las acciones de la policía habían sido arbitrarias.
Estos hechos no constituyen un incidente aislado. Las defensoras de los derechos de las mujeres que buscan promover los derechos sexuales y reproductivos así como combatir la violencia contra mujeres y niñas en Nicaragua han sido sistemáticamente perseguidas, tanto por el gobierno como sus simpatizantes, debido a su labor de derechos humanos y su postura en contra del autoritarismo. Front Line Defenders también ha identificado una tendencia recurrente en la cual la policía dispersa de forma violenta manifestaciones pacíficas ligadas a los derechos de las mujeres así como otras demandas expresadas por la sociedad civil.
Condeno el arresto injustificado de las defensoras de derechos humanos y el periodista, ya que parece tratarse de un acto de intimidación con el intuito de silenciar las voces de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
Insto a las autoridades en Nicaragua a que:
1. Efectúen inmediatamente una investigación rigurosa e imparcial en relación a la detención arbitraria de Patricia Orozco, Duyerling Ríos, Celia Contreras, Luisa Molina, María de Jesús Tenorio, Jessica Hernández y Abixael Mogoyón, en vista a publicar los resultados y llevar ante la justicia a los responsables de acuerdo a estándares internacionales;
2. Adopten las medidas adecuadas para garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica;
3. Redoblen sus esfuerzos para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad del Estado contra manifestantes pacíficos;
4. Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras en Nicaragua puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libre de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial.
Atentamente,
