Tomar Acción para el Movimiento Ríos Vivos Antioquia
El 22 de septiembre de 2018, dos familiares de miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia fueron asesinados, uno en el municipio de Briceño y el otro en el municipio de Valdivia. Estos son los últimos incidentes en una serie de ataques contra integrantes del movimiento y sus familias.
Movimiento Ríos Vivos Antioquia es un movimiento de derechos humanos compuesto por 15 asociaciones y familias de las sub-regiones del Occidente, Norte y Bajo-Cauca antioqueño, afectadas por el negativo impacto ambiental y de derechos humanos que está teniendo la construcción de Hidroituango, una de las presas hidroeléctricas más grandes de América Latina. El proyecto hidroeléctrico, actualmente en proceso de construcción por parte de Empresas Públicas de Medellin (EPN), afecta a más de 26 mil hectáreas de tierra y 19 municipios en esa región. Durante los últimos 10 años, el Movimiento Rios Vivos Antioquia ha denunciado los impactos negativos del proyecto Hidroituango y como resultado, sus integrantes y sus familias han sufrido múltiples violaciones de sus derechos, incluyendo amenazas de muerte, campañas de desprestigio, intimidación y asesinatos.
Aproximadamente a las 9:00 p.m. del 22 de septiembre de 2018, fue asesinado Julián de Jesús Areiza Moreno, de 20 años. El asesinato ocurrió cerca de la entrada del pueblo de Chirí en el municipio de Briceño. El lugar está ubicado aproximadamente a 10 minutos en auto de la estacion de policia de El Valle de Toledo en la carretera que conduce hacia el muro de Hidroituango. Julián era sobrino de Rubén Areiza, un defensor de derechos humanos integrante del Movimiento Rios Vivos Antioquia. Julián regresaba de un torneo deportivo y sus asesinos estaban esperando en el camino. Dispararon cuando vieron que Julián no se detendría. El joven fue bajado de su motocicleta y asesinado con un tiro en la cabeza. El defensor de derechos humanos Rubén Areiza llamó a la policía para pedirle protección a él y a su familia, para que pudiesen ir a la escena del crimen. Al principio, las autoridades se negaron a proporcionar acompañamiento, declarando que también temían la situación. La familia y el lider fueron al sitio y permanecieron junto al cuerpo de la víctima durante varias horas hasta que finalmente llegó la policía, acompañada por el Ejército Nacional.
Durante la misma noche, el hijo de Juan de Dios Ramírez fue asesinado en Valdivia. Juan de Dios es un ex miembro del Movimiento Rios Vivos Antioquia. Recientemente presentó su carta de renuncia debido a la presión ejercida contra quienes se encuentran vinculados al movimiento. Varios oficiales de EPM y de la administración pública local han declarado que al ser parte de Movimiento Ríos Vivos Antioquia no recibirían reparación o compensación por daños y pérdidas recientes causados por el proyecto.
La situación general se ha vuelto cada vez más peligrosa para quienes integran el Movimiento. Las defensoras y defensores de derechos humanos y sus familiares han sufrido ataques, estigmatización y persecución, incluso por parte de altos funcionarios de gobierno. Desde septiembre de 2017, el movimiento informó de cinco casos en los que familiares de sus líderes fueron atacados. Personas desconocidas ingresaron a la casa de Rito Mena, lider en Valdivia, e intentaron atacar a su hija de seis años. Dos parientes de la defensora de derechos humanos Cecilia Muriel fueron asesinadas tambien en Valdivia. En mayo de 2018, dos defensores de derechos humanos de Movimiento Rios Vivos Antioquia y dos de sus familiares fueron igualmente perdieron la vida: Hugo Albeiro George Pérez fue asesinado junto con su sobrino, y Luis Alberto Torres y su hermano fueron asesinados.
Movimiento Ríos Vivos Antioquia ha expresado su preocupación en numerosas ocasiones por la falta de investigaciones efectivas por parte de la Fiscalía de los ataques contra sus integrantes. Un ataque involucró al alcalde de Valdivia, quien ha disparado contra la casa de un integrante del movimiento. El gobernador de Antioquia, que ha hecho una serie de declaraciones públicas contra el Movimiento, también amenazó con desalojar por la fuerza a quienes se encuentran en el estadio municipal. Hasta este sitio fueron llevadas por las autoridades locales después de ser evacuadas de sus hogares y sitios de trabajo por organismos de rescate tras el desastre causado por Hidroituango en abril de 2018. Estas comunidades no han recibido el apoyo y las reparaciones adecuadas, y las amenazas contra quienes buscan justicia han obligado a varios líderes sociales a huir del área.
Front Line Defenders está extremadamente preocupada por la ola de ataques contra miembros de Movimientos Ríos Vivos Antioquia y el patrón de ataques y asesinatos contra sus familiares. Front Line Defenders expresa además su preocupación por la falta de una investigación adecuada de los casos denunciados a las autoridades, lo que alienta a los agresores a continuar con estas acciones. Finalmente, Front Line Defenders condena las campañas de desprestigio y los insultos contra el Movimiento Rios Vivos Antioquia por parte de funcionarios públicos; Front Line Defenders teme que esa estigmatización pueda conducir a un mayor incremento de la violencia contra quienes integran el Movimiento.
