#Liberia

Liberia votó a favor de la resolución para la protección de los/as defensores/as de derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2015 y también ratificó otros documentos internacionales fundamentales en materia de derechos humanos como por ejemplo la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW, en inglés) y la Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes (CAT, en inglés). Sin embargo, los/as defensores/as de derechos humanos que trabajan en Liberia todavía se mueven en un ambiente muy hostil: a menudo son hostigados por el gobierno, entre otras formas a través de hostigamiento judicial, arresto y detención. 

Liberia no ha establecido un marco legal o político de protección para defensores/as de derechos humanos en el ámbito nacional. No existen leyes, políticas o medidas específicas que reconozcan y protejan a los/as DDH y a su trabajo legítimo. Los periodistas críticos de funcionarios del gobierno o que expresan sus opiniones políticas son hostigados, detenidos, multados de manera espuria, tildados de terroristas y ven su labor limitada por el gobierno. Sin embargo, el presidente Sirlef firmó la Declaración de Table Mountain en el 2012. Esta trabaja para avanzar en materia de libertad de prensa y de expresión en todo el continente africano, llamando a que se rechace la legislación sobre insultos, calumnias y difamación penal.

Aquellos/as DDH que trabajan en materia de responsabilidad corporativa, entre ellos quienes se ocupan de temas relativos a la industria de aceite de palma y apropiación de tierras son pasibles de difamación y criminalización, ataques físicos y miembros de instituciones públicas. Su tarea es silenciada y criminalizada cuando  se los arresta y detiene de forma arbitraria. Más aún, en un sistema judicial que ha sido criticado internacionalmente por ser corrupto y que está caracterizado por la falta de neutralidad, los/as DDH que son arrestados/as corren el riesgo de no acceder a un juicio justo.