Edivar Juan Carrasco Vásquez
Edivar Juan Carrasco Vásquez es integrante del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, una organización de miembros de la comunidad de Santa Catalina de Chongoyape y de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y Turismo Sostenible Chaparri - (ACOTURCH) dedicada a la defensa y conservación de la reserva natural "Área de Conservación Privada Chaparrí". La reserva Chaparrí, ubicada entre las regiones de Lambayeque y Cajamarca, se creó en 2001 siendo la primera Área de Conservación Privada (ACP) de Perú, con el objetivo de proteger más de 34 mil hectáreas de bosques secos tropicales y animales en peligro de extinción, como el oso de anteojos y el aliblanca turquía. Estas vastas reservas naturales están amenazadas por las actividades ilegales de los "traficantes de tierras", tales como usurpación, ocupación de tierras y cambio fraudulento del uso de la tierra, que a menudo resultan en enfrentamientos violentos. Comuneros/as integrantes del Frente de Defensa han denunciado que, en los últimos años, han sido blanco de hostigamiento, violencia verbal y física, vigilancia, separación arbitraria de la comunidad y amenazas de muerte. El 30 de diciembre de 2017, el teniente gobernador José Napoleón Tarrillo Astonitas, líder comunitario del caserío El Mirador (Chongoyape, Lambayeque) que se opuso a la entrada de personas extrañas a la comunidad, fue asesinado en su casa. Después del asesinato de José Tarrillo, las amenazas y el acoso contra los/as integrantes del Frente de Defensa han aumentado. Edivar Juan Carrasco Vásquez es actualmente el presidente comunal de Santa Catalina de Chongoyape.
Uno de los rasgos de la situación económica de Perú es que las industrias extractivas han crecido exponencialmente en los últimas décadas. Los/as defensores de derechos humanos y comunidades locales han denunciado que no se consultó a las comunidades indígenas con relación a los proyectos mineros, irregularidades en la apropiación de tierras comunitarias y sobre las consecuencias de la minería en el ambiente y el medio de vida de las comunidades locales. La oposición a las consecuencias de las industrias extractivas se tradujo en protestas sociales intensas en las áreas afectadas, que se toparon con respuestas violentas de parte del estado y el excesivo uso de la fuerza de la policía y el ejército. Los/as defensores/as del ambiente que trabajan en defensa de los derechos de los indígenas o comunidades campesinas han sido blanco directo de actos de hostigamiento judicial, agresiones físicas, brutalidad policial, campañas de difamación y vigilancia.
