Amenazas e intimidaciones contra DDH tras Consulta Popular en Cajamarca

El 30 de marzo de 2017, un miembro del personal de la redacción del periódico El Salmón recibió una llamada de una persona no identificada que le amenazó de muerte a él y a otros defensores de derechos humanos y organizaciones que participaron en la Consulta Popular en Cajamarca.

La Consulta Popular en Cajamarca tuvo lugar el 26 de marzo de 2017 para preguntar a la población local sobre el proyecto de minería de oro de La Colosa, en Cajamarca, Tolima, Colombia. Más del 98% de las 6.000 participantes votaron en contra de los proyectos y actividades mineras que se están llevando a cabo en el municipio de Cajamarca. Al resultado le siguieron celebraciones en la comunidad, pero también un aumento en las amenazas de muerte y actos de intimidación. Organizaciones y defensores/as de derechos humanos hicieron campaña contra las violaciones de derechos vinculados a los proyectos y actividades mineras. La explotación de los recursos en el municipio se ha realizado sin previa autorización o consulta con la población local.

El 30 de marzo de 2017, alrededor de las 10 de la mañana, el coordinador del equipo de comunicaciones de El Salmón y reportero del Programa Radial Reporte Colombia recibió amenazas de muerte mediante una llamada anónima. Las amenazas se vinculaban a su trabajo sobre el caso ambiental contra el proyecto minero La Colosa y se llevaron a cabo mientras brindaba cobertura mediática del proceso de Consulta Popular en Cajamarca. Las amenazas provinieron de un hombre no identificado, que se refirió a sí mismo como "nosotros". El hombre advirtió al reportero y a sus colegas que, a pesar de su supuesta "seguridad" como miembros del personal de El Salmón, el "grupo" sabía de su trabajo, donde vivían y trabajaban, y también les advirtió que cesasen su oposición contra proyectos mineros en Cajamarca, de lo contrario sufrirían las consecuencias.

El 25 de marzo de 2017, a alrededor de las 7 de la mañana, los miembros del Comité Ambiental en Defensa de la Vida (CADV) y otras personas defensoras de derechos humanos también fueron amenazadas e intimidadas a través de un mensaje de texto de teléfono móvil. El mensaje exigía que cesaran su trabajo contra el "proceso de desarrollo" que traen los proyectos mineros en la región. CADV es un comité de defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones, financiadores y activistas que tiene como objetivo promover acciones públicas y acciones en defensa del agua, la vida, la tierra y el derecho colectivo a un medio ambiente sano. La organización defendió la realización de la Consulta Popular y hizo campaña contra el proyecto de la mega-minería de La Colosa y sus previsibles impactos en el medio ambiente de la región. CADV es miembro de la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), de la cual Front Line Defenders también es miembro.

El municipio de Cajamarca forma parte del departamento de Tolima, que ha sido una región clave para el desarrollo de proyectos de mega-minería en Colombia. La empresa AngloGold Ashanti posee el 60% de las licencias mineras de la zona de Cajamarca, pero aún no ha recibido la licencia ambiental para explotar La Colosa. Muchas personas defensoras de derechos humanos exigen que el gobierno respete los resultados del referéndum e impida que la empresa emprenda nuevos proyectos en el municipio. De conformidad con lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado debe realizar consultas preliminares con los pueblos afectados por los proyectos en sus tierras y debe solicitar su consentimiento libre e informado antes de comenzar el trabajo.

El 27 de marzo de 2017, el Ministro de Minas y Energía de Colombia, Amilkar Acosta Medina, expresó que la Consulta Popular en Cajamarca no es vinculante y que las autoridades pueden otorgar una licencia ambiental para la operación del proyecto de la mega-minería La Colosa. Las organizaciones locales han refutado esta declaración, afirmando que los resultados de la Consulta Popular son vinculantes de acuerdo con la Ley 136 de 1994, que dice en su artículo 33 que "Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley".

El Ministro de Minas y Energía y otras autoridades de Colombia han presentado la Consulta Popular como un acto político, sin consecuencias legales sobre la explotación de recursos en Cajamarca. A pesar de las disposiciones legales internacionales y nacionales que requieren la consulta previa a las comunidades locales, las autoridades han tratado de deslegitimar la votación, afirmando que la Consulta Popular no puede "cambiar las leyes nacionales establecidas". La deslegitimación por parte de autoridades de alto nivel contribuye a la visión en Colombia de que el trabajo pacífico de las personas defensoras de derechos humanos para defender sus tierras y recursos es contrario a la ley y aumenta el riesgo de que sufran ataques y amenazas.

Front Line Defenders expresa su preocupación por las más recientes amenazas y actos de intimidación contra miembros del personal de El Salmón y otras personas defensoras de derechos humanos en el municipio de Cajamarca. Front Line Defenders también demuestra su preocupación de que las recientes declaraciones del Ministro de Minas y Energía de Colombia y otras autoridades puedan exponer a las personas defensoras de derechos humanos que participan en la Consulta a mayores riesgos, ya que se les presenta como contrarios a la ley y contra el desarrollo del país.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Colombia a:

1. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte e intimidaciones contra personas defensoras de derechos humanos que participaron en la Consulta Popular en Cajamarca, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

2. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas defensoras de derechos humanos que participaron en la Consulta Popular en Cajamarca;

3. Garanticar que los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colômbia puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones cualesquiera.