Historia del caso: Tomás Gómez Membreño
On 9 January 2014, the Appeals Court of Comayagua suspended the case against human rights defender Tomás Gómez. He had been facing charges of usurpation of land, coercion, and causing more than $3 million in damages to DESA, a hydroelectric dam company.
Tomás Gómez Membreñoes integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares – COPINH. El COPINH lleva a cabo trabajo en defensa del río Gualcarque y se oponen a la construcción de una presa por las empresas transnacionales DESA, Sinohydro y de grupo FICOHSA, que han puesto en marcha el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en contra de la voluntad de los habitantes indígenas, el pueblo lenca, en clara violación del Convenio 169 de la OIT.
El 9 de enero de 2014, la Corte de Apelaciones de Comayagua notificó el sobreseimiento provisional en el caso de la defensora y los defensores de derechos humanos Berta Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina. Habrían sido enfrentados a cargos de usurpación de tierras, coacción y causar más de 3 millones de dólares en daños a la compañía hidroeléctrica DESA.
La Corte además revocó una resolución de desalojar la comunidad indígena Lenca de sus tierras ancestrales, así como la orden de captura que había estado en su contra. Todavía no hay fecha para la decisión final.
Berta Cáceres es la Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares - COPINH. Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina también integran el consejo. COPINH trabaja en derechos a la tierra y medioambientales, en particular en relación con grandes proyectos del desarrollo.
Si bien Front Line Defenders acoge con satisfacción el sobreseimiento provisional del proceso en contra de los defensores y defensora de derechos humanos, sigue preocupado de que el caso no ha sido permanentemente suspendido. Front Line Defenders le preocupa además que el proceso fue llevado ante la Corte en primer lugar con cargos que fueron consecuencia de tensas situaciones, detallados en el llamamiento urgente emitido por Front Line Defenders el 27 de mayo de 2013. El caso se enmarca en un contexto de inquietud profunda en Honduras y en la región en general, los grandes proyectos de desarrollo están impactando fuertemente los derechos medioambientales y los derechos del pueblo indígena, además el mecanismo de consulta libre y previa no está siendo respetado.
El 25 de mayo de 2013, pasada la una de la tarde, Berta Cáceres, co-ordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares – COPINH, fue condicionalmente liberada de su detención por el juez José Francisco Pineda Ayala del Juzgado en Santa Barbara, en el occidente de Honduras.
La defensora de derechos humanos había sido detenida el día anterior junto con Tomás Gómez Membreño, también miembro del COPINH. Actualmente, COPINH están involucrado en una campaña por la defensa del río Gualcarque, lo cual es el sitio de una represa propuesta por la empresa hondureña FICOHSA y la multinacional SINOHYDRO.
El 24 de mayo de 2013, Berta Cáceres y Tomás Gómez Membreño fueron detenidos en una operación militar en el sector de Agua Caliente de Santa Barbara. Una veintena de elementos del ejército, miembros del batallón de ingenieros de Siguatepeque detuvieron su carro y hicieron una inspección de una manera violenta y agresiva, antes de solicitar presencia policial. La policía llegó en carros que permanecieron a las compañías responsables por el proyecto a lo cual se opone COPINH. Los defensores de derechos humanos fueron informados que habían sido detenidos por la portación ilegal de una arma, supuestamente encontrada en la paila del carro. Mientras que Tomás Gómez Membreño fue liberado a las once de la noche, Berta Cáceres fue puesta en una bartolina y tratada como persona altamente peligrosa.
Antes de liberarla, el fiscal de Ministerio Público, Nery Betancourt, le remitió al juzgado donde le dieron medidas sustitutivas que consisten en obligarla a firmar cada viernes del mes en un juzgado, la imposibilidad de salir del país, y la cita a un juicio el 13 de junio próximo. El carro de la organización se mantiene decomisado.
El abogado de la defensa, Marcelino Martínez, sostiene que el incidente es parte de un clima creciente de militarización en Honduras. Insiste que el arma fue sembrado como parte de una campaña de criminalización del movimiento y de la protesta social, y que los militares no siguieron procedimientos legales durante la detención de los dos defensores de derechos humanos.
