Detención arbitraria y agresiones físicas en contra de defensores indígenas
La mañana del 1 de noviembre de 2020, el Juez de Control con residencia en Cintalapa, Chiapas, México, determinó en la audiencia de revisión y modificación de la medida cautelar de prisión preventiva que, José Luis Gutiérrez y César Hernández, defensores de los derechos de los pueblos indígenas de Chilón, continuarán su proceso penal en libertad bajo dos medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva.
El 15 de octubre de 2020, los defensores indígenas José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron detenidos arbitrariamente durante un violento operativo policial para desalojar una movilización pacífica en el crucero de Temó, en el municipio de Chilón, Chiapas.
César Hernández originario del ejido San Sebastián Bachajón, en Chilón, Chiapas, es un defensor de los derechos de los pueblos indígenas de identidad Maya Tseltal, y agricultor, que ha dedicado su vida entera a defender el territorio y el uso colectivo de las tierras en oposición a la implementación de mega proyectos.
La mañana del 1 de noviembre de 2020, el Juez de Control con residencia en Cintalapa, Chiapas, México, determinó en la audiencia de revisión y modificación de la medida cautelar de prisión preventiva que, José Luis Gutiérrez y César Hernández, defensores de los derechos de los pueblos indígenas de Chilón, continuarán su proceso penal en libertad bajo dos medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva.
Los defensores Maya Tseltal deberán presentarse cada 15 días ante el Juzgado de Control de Ocosingo, y tienen restricción de movimiento en un ámbito territorial fijado, así como la prohibición de salir del país sin autorización. Los defensores fueron detenidos arbitrariamente el 15 de octubre de 2020 en el crucero de Temó en el municipio de Chilón, Chiapas, durante la movilización pacífica en oposición a la instalación de una base de la Guardia Nacional en su territorio, la cual fue se llevó a cabo y, luego acusados del delito de motín. José Luis Gutiérrez y César Hernández permanecieron 17 días detenidos en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa.
Front Line Defenders celebra que José Luis Gutiérrez y César Hernández puedan defenderse en libertad, sin embargo continua seriamente preocupada por el uso de cargos fabricados como una estrategia para intimidar, inhibir, castigar y limitar las actividades legítimas y pacificas en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, insta a las autoridades en México a absolver de manera inmediata del delito de motín a los defensores José Luis Gutiérrez y César Hernández y abstenerse de usar la prisión preventiva para vulnerar el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia, que se usa regularmente para castigar la protesta social en el país.
El 15 de octubre de 2020, los defensores indígenas José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron detenidos arbitrariamente durante un violento operativo policial para desalojar una movilización pacífica en el crucero de Temó, en el municipio de Chilón, Chiapas.
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José Luis Gutiérrez y César Hernández originarios del ejido San Sebastián Bachajón, en Chilón, Chiapas, son defensores los pueblos indígenas de identidad Maya Tseltal, y agricultores, que han dedicado su vida entera a defender el territorio y el uso colectivo de las tierras en oposición a la implementación de mega proyectos.
El 15 de octubre de 2020, los defensores indígenas José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron detenidos arbitrariamente durante un violento operativo policial conformado por alrededor de 300 elementos de la Policía Estatal, Municipal, Sectorial y de la Guardia Nacional, para desalojar la movilización pacífica en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN). La manifestación se desarrolló en punto conocido como crucero de Temó, en la carretera Ocosingo-Palenque ubicada en el municipio de Chilón, Chiapas, México. Durante los mismos hechos, el defensor Juan Hernández, fue perseguido por la policía y se vio forzado a huir y resguardarse por cuatro días en un lugar seguro. Antes de la detención, los tres defensores indígenas marcharon junto a decenas de campesinos de diversas comunidades en la carretera Ocosingo-Palenque, cargando una lona con la leyenda “No a la Guardia Nacional”.
En un video publicado por un medio independiente se observa el uso excesivo e injustificado de la fuerza así como tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el momento de la detención arbitraria de José Luis Gutiérrez y César Hernández. Horas después del arresto, la Secretaría de Seguridad Pública de manera arbitraria decomisó el vehículo y el celular de José Luis Gutiérrez. Más tarde el 15 de octubre de 2020, José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Justicia Indígena del Ministerio Público en el municipio de Ocosingo, donde fueron acusados del delito de “motín”.
El 16 de octubre de 2020, previo a vencerse el plazo legal de 48 horas establecido por el nuevo sistema de justicia penal mexicano, por el cual un Juez de Control debía decidir si los detenidos José Luis Gutiérrez y César Hernández quedaban en libertad o eran vinculados a un proceso judicial, ambos detenidos fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados en Ocosingo, Estado de Chiapas. Allí el Secretario de Acuerdos del Juzgado negó a los abogados de los defensores -integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)-, acceso a las carpetas de investigación y también se negó a recibir documentación sobre las violaciones a los derechos humanos de los defensores. Los abogados fueron forzados a retirarse bajo la presencia intimidatoria de policías que monitorearon sus movimientos en el edificio del juzgado durante su visita. Finalmente, el Secretario de Acuerdos decidió cancelar la audiencia y solicitó el traslado de los acusados al Juzgado de Control de Cintapala, adjunto al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, “El Amate”.
El 17 de octubre de 2020 a las 11:00 am, familiares de los detenidos, comuneros de San Sebastián y San Jerónimo y abogados de Frayba se manifestaron pacificamente frente a los edificios de la Fiscalía de Justicia Indígena en Ocosingo, Chiapas, en oposición al traslado de los defensores y la violación del debido proceso. El mismo día las 13:50, se llevó a cabo una audiencia donde el Juez de Control decretó como legal la detención y mantuvo en prisión preventiva a los defensores José Luis Gutiérrez y César Hernández en “El Amate”, donde se encuentran actualmente. El 22 de octubre de 2020 a las 11:00 horas, está convocada nueva audiencia donde se decidirá si se vincula a los imputados a un proceso o se les deja en libertad.
Desde el centro de Reinserción “El Amate” José Luis Gutiérrez y César Hernández han denunciado temor de ser obligados a pagar una multa para que no los golpeen. El Frayba ha reportado con anterioridad la exposición a tratos crueles e inhumanos de las personas defensoras privadas de la libertad por parte de los custodios y otras personas presas que con anuencia de los directores, extorsionan y humillan con trabajos obligatorios.
Front Line Defenders expresa seria preocupación por la desaparición del defensor Juan Hernández y las detenciones arbitrarias realizadas bajo un delito fabricado en contra los defensores José Luis Gutiérrez y César Hernández. La integridad física y psicológica de los defensores es de especial preocupación a causa de las fuertes agresiones físicas de las que fueron objeto por parte de las autoridades. De igual manera, Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la violación del debido proceso durante y después de la detención de los defensores, razón por la cual a los defensores de derechos humanos no se les permitió defenderse adecuadamente ante el delito que se les imputa.
Front Line Defenders cree que estos ataques y detenciones son parte de una amplia estrategia de intimidación y violencia contra las y los defensores del territorio y de los derechos humanos de comunidades indígenas y que el uso de delitos fabricados se ha convertido en una estrategia efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en México.
