Padre de defensor de derechos humanos asesinado en medio a ola de represión contra movimiento estudiantil
El 23 de junio de 2017, Roberto Antonio Gómez, padre del estudiante y defensor de derechos humanos Andy Johan Gómez Jerónimo fue asesinado de camino a su casa en La Esperanza, Tegucigalpa, Honduras. Andy Johan Gómez Jerónimo es uno de los estudiantes que ha sido acusado de usurpación y privación de libertad por su participación en el movimiento estudiantil hondureño. Se cree que el asesinato de su padre está relacionado con el trabajo del defensor derechos humanos en el movimiento.
Andy Johan Gómez Jerónimo es un defensor de derechos humanos, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y miembro del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU). El movimiento lucha por un acceso justo y libre a la educación, así como por la participación de los estudiantes en la gestión de la Universidad. Desde el año 2014, cuando la UNAH aprobó varios cambios en sus normas internas que resultaron en acceso restringido al derecho a la educación, el movimiento estudiantil ha participado de protestas pacíficas generalizadas.
El 23 de junio de 2017, Roberto Antonio Gómez, padre del estudiante y defensor de derechos humanos Andy Johan Gómez Jerónimo fue asesinado de camino a su casa en La Esperanza, Tegucigalpa, Honduras. Andy Johan Gómez Jerónimo es uno de los estudiantes que ha sido acusado de usurpación y privación de libertad por su participación en el movimiento estudiantil hondureño. Se cree que el asesinato de su padre está relacionado con el trabajo del defensor derechos humanos en el movimiento.
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Andy Johan Gómez Jerónimo es un defensor de derechos humanos, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y miembro del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU). El movimiento lucha por un acceso justo y libre a la educación, así como por la participación de los estudiantes en la gestión de la Universidad. Desde el año 2014, cuando la UNAH aprobó varios cambios en sus normas internas que resultaron en acceso restringido al derecho a la educación, el movimiento estudiantil ha participado de protestas pacíficas generalizadas.
El 23 de junio de 2017, Roberto Antonio Gómez fue asesinado de camino a su casa en La Esperanza. En las cuatro semanas anteriores, había estado activo en la denuncia de la represión contra los estudiantes de la UNAH por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Roberto era el padre de Andy Johan Gómez Jerónimo. Las y los defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en Honduras creen que su asesinato está relacionado con su rol en la defensa de la labor de su hijo y de otros defensores y defensoras en el país.
Andy Johan Gómez Jerónimo y otros 19 estudiantes y defensores de derechos humanos fueron detenidos el pasado mayo durante una protesta en la que ocuparon la administración de la Universidad. Después de la audiencia inicial, fueron puestos en libertad condicional. Las y los estudiantes han sido acusados de usurpación y privación de la libertad como resultado de su protesta pacífica en el edificio de la Universidad. En su segunda audiencia ante la corte, el 22 de junio de 2017, Roberto Antonio Gómez acompañó a su hijo y protestó contra la respuesta de la Universidad a las y los estudiantes y la criminalización de sus actividades en defensa de los derechos educativos.
El 20 de julio de 2016, tras una ola de protestas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) medió un acuerdo entre la UNAH y la MEU, por medio del cual las autoridades acordaron poner fin a los procedimientos penales contra las y los estudiantes, reconociéndolos como una violación de sus derechos y libertades. Después de que varios estudiantes tuvieran los cargos contra ellos retirados, el 7 de junio de 2017 los estudiantes Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla fueron declarados culpables de usurpación, en clara violación del acuerdo mencionado. La Oficina de la ONU en Honduras emitió una declaración enfatizando su "grave preocupación por el fallo condenatorio emitido por el delito de usurpación, considerando que en reiteradas ocasiones, la Oficina ha señalado públicamente y en nuestra interlocución con operadores de justicia que la utilización de este tipo penal en contextos de criminalización de la protesta social presenta graves problemas a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos".
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos y es conocido por no proteger a las y los defensores de los derechos humanos, según expresaron el año pasado las Relatorías de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre defensores/as de derechos humanos. Front Line Defenders reportó que al menos 33 defensores/as de derechos humanos fueron asesinados/as en 2016.
Front Line Defenders condena el asesinato de Roberto Antonio Gómez y el intento de criminalizar a estudiantes universitarios en Honduras, ya que considera que el asesinato de Roberto Antonio Gómez y el acoso judicial contra las y los estudiantes están relacionados con su labor de promoción de los derechos humanos.
Front Line Defenders insta a las autoridades de Honduras a:
1. Condenar pública e inmediatamente el asesinato de Roberto Antonio Gómez;
2. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Roberto Antonio Gómez, con el fin de publicar los resultados y de llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con los estándares internacionales;
3. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Andy Johan Gómez Jerónimo, así como de los/as integrantes de las organizaciones de estudiantes;
4. Retirar inmediatamente todas las acusaciones contra Andy Johan Gómez Jerónimo y todos/as los/as demás estudiantes que participan en las protestas, ya que Front Line Defenders cree que están siendo criminalizados/as únicamente como resultado de su trabajo legítimo y pacífico en defensa de los derechos humanos;
5. Anular inmediatamente las sentencias contra Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, en consonancia con el acuerdo entre la UNAH y el MEU;
6. Abstenerse de abusar del sistema judicial para intimidar, hostigar y desacreditar a las personas defensoras de derechos humanos;
7. Garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones cualesquiera.