Take action for Francisca Ramírez
On 1 December 2016, two trucks belonging to land and environmental rights defender Ms Francisca Ramírez were seized by the National Police. The vehicles were ostensibly seized in retaliation for her leadership of a major mobilisation of small farmers and indigenous peoples opposing the construction of an inter-oceanic canal. Francisca Ramírez is a farmer and the confiscation of her vehicles -which she uses to transport and sell her produce- endangers her means of subsistence and her ability to carry out her human rights work.
Francisca Ramírez is the Coordinator of the Consejo por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía (Council for the Defence of the Land, the Lake and Sovereignty), a civil society movement that opposes the construction of an inter-oceanic canal financed by the Hong Kong based HKND Group. The mega-project would displace thousands of small farmers and indigenous peoples in places like Nueva Guinea and the Southern Atlantic Autonomous Region (RAAS), without respecting their right to free, prior and informed consent. The main goal of the Council is to repeal Law 840, which grants a 100 year concession to HKND Group for the land over which the route of the canal will be built. Francisca Ramírez, based in La Fonseca, Nueva Guinea, has been intimidated, arbitrarily detained and her family members have been violently attacked in retaliation to her activism.
On 1 December 2016, Francisca Ramírez was in Managua to denounce the repression of peaceful protests by the authorities, when she received a call that one of her trucks had been damaged, and seized along with another vehicle that belonged to her. Her trucks were parked in two different locations when they were seized, one in El Boninche and the other in La Lechera. Her vehicles were taken to the Nueva Guinea police station, where they have remained since. On 5 December Francisca Ramírez made an enquiry about her vehicles. Images and videos published by local media show numerous police officers guarding the two vehicles, which appear to have been damaged, with one vehicle seemingly having had shots fired at its wind shield. Francisca Ramírez has not been presented with a seizure order to justify the confiscation of her property. As a farmer, she depends on her vehicles to transport her produce to the market and sell it. By seizing her vehicles, Nicaraguan authorities compromise her means of subsistence and ability to perform her human rights work.
Between 27 November and 1 December 2016, demonstrators from all over the country attempted to make their way to the capital to reject the construction of the inter-oceanic canal but also to denounce the lack of transparency in the general elections of 6 November 2016. Human rights defenders reported that truck drivers who transported demonstrators to the capital for the mobilisation were harassed as a result of their involvement. In addition, defenders and social leaders travelling through public transport were reportedly searched and harassed by authorities. Several protesters and community leaders were detained but all have now been released. Human rights defenders in El Tule, Nueva Guinea and the RAAS, have reported the use of tear gas, rubber and lead bullets by police against protesters.
During the same time period, the Secretary General of the Organization of American States (OAS), Mr Luis Almagro, conducted a visit to Nicaragua where he met with the President, members of opposition parties, the private sector and civil society – including a meeting with Francisca Ramírez.
I condemn the arbitrary seizure of Francisca Ramírez's property which appears to be in retaliation of her legitimate work in the defense of human rights.
I urge the authorities in Nicaragua to:
1. Immediately return Francisca Ramírez’ property, as it appears to have been confiscated in retaliation for her legitimate and peaceful work in the defence of human rights;
2. Appropriately compensate Francisca Ramírez for any damage to her property whilst in police custody;
3. Immediately cease all further harassment of Francisca Ramírez;
4. Guarantee in all circumstances that human rights defenders in Nicaragua are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all undue restrictions.
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7 de diciembre de 2016
Nicaragua: Policía Nacional confisca dos vehículos de Francisca Ramírez
El 1 de diciembre de 2016, una camioneta y un camión pertenecientes a la defensora de la tierra y el medio ambiente Sra Francisca Ramírez fueron confiscados por la Policía Nacional. Aparentemente, los vehículos fueron confiscados en represalia por su liderazgo en una mobilización masiva de campesinos y pueblos indígenas que se oponen a la construcción de un canal inter-oceánico. Francisca Ramírez es una campesina y la incautación de sus vehículos -los cuales usa para transportar y vender su cosecha- pone en riesgo su medio de subsistencia y su capacidad para continuar con su trabajo de derechos humanos.
Francisca Ramírez es la Coordinadora del Consejo por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, un movimiento social que se opone a la construcción de un canal inter-oceánico financiado por la companía HKND Group, basada en Hong Kong. El mega-proyecto desplazaría a miles de campesinos y comunidades indígenas en lugares tales como Nueva Guinea y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), sin respetar su derecho al consentimiento previo, libre e informado. El objetivo principal del Consejo es la derogación de la Ley 840, la cual otorga una concesión de 100 años a HKND Group sobre la ruta del canal. Francisca Ramírez, originaria de La Fonseca, Nueva Guinea, ha sido intimidada y detenida arbitrariamente, e integrantes de su familia han sido agredidos en represalia a su activismo.
El 1 de diciembre de 2016, Francisca Ramírez se encontraba en Managua para denunciar la represión de protestas pacíficas por parte de las autoridades, cuando recibió una llamada anunciando que su camioneta había sido destruida y había sido confiscada junto con otro de sus vehículos. Sus vehículos estaban estacionados en dos ubicaciones distintas cuando fueron confiscados, uno en El Boninche y el otro en La Lechera. Sus vehículos fueron llevados a la estación de policía de Nueva Guinea, donde han permanecido desde ese entonces. El 5 de diciembre, Francisca Ramírez se presentó a la estación para recuperar sus vehículos. Imágenes y videos publicados por medios de comunicación locales muestran a numerosos oficiales de policía resguardando los dos vehículos, los cuales parecen haber sido dañados. Parece ser que a uno de los vehículos le dispararon en el parabrisas. A Francisca Ramírez no le han presentado una orden de embargo para justificar la incautación de su propiedad. En tanto que campesina, ella depende de sus vehículos para poder transportar sus productos y venderlos. Al confiscar sus vehículos, las autoridades Nicaragüenses ponen en riesgo su medio de subsistencia y su capacidad para continuar con su trabajo de derechos humanos.
Entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2016, manifestantes de todo el país intentaron mobilizarse hacia la capital para marchar en contra de la construcción del canal inter-oceánico y denunciar la falta de transparencia en las elecciones generales del 6 de noviembre de 2016. Defensores y defensoras de derechos humanos reportaron que los conductores que llevaban a manifestantes a la capital para la mobilización fueron acosados por las autoridades. Además, defensores/as y líderes/as sociales viajando en transporte público fueron registrados y acosados. Varios manifestantes y líderes/as comunitarios fueron detenidos, pero ya han sido liberados. Defensores y defensoras de derechos humanos en El Tule, Nueva Guinea y la RAAS reportaron el uso de gas lacrímogeno, balas de caucho y balas reales contra manifestantes por parte de la policía .
Durante esos mismos días, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, realizó una visita a Nicaragua donde se encontró con el Presidente, los partidos de oposición, el sector privado y la sociedad civil – incluyendo una reunión con Francisca Ramírez.
Front Line Defenders condena la incautación arbitraria de la propiedad de Francisca Ramírez, la cual parece ser en represalia a su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos.
Front Line Defenders insta a las autoridades en Nicaragua a que:
Devuelvan inmediatamente su propiedad a Francisca Ramírez, ya que parece ser que fue incautada en represalia a su trabajo legítimo y pacífico en defensa de los derechos humanos;
Compensen apropiadamente a Francisca Ramírez por cualquier daño que haya sufrido su propiedad mientras haya estado en custodia de la policía;
Cesar inmediatamente cualquier forma de acoso contra Francisca Ramírez;
Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras en Nicaragua puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libre de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial.
