Los/las defensores/as de los derechos humanos de Omán son víctimas de muchas de las restricciones y limitaciones que afectan a los/las defensores/as en el resto de la región del Golfo. Sufren hostigamiento, detención arbitraria y torturas al ser interrogados. Cientos de académicos, periodistas y comentaristas fueron detenidos en arrestos masivos, e incomunicados sin ningún tipo de asistencia legal. Omán es signatario de tres de los siete tratados fundamentales de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Las organizaciones independientes de derechos humanos no pueden operar dentro del país.

El gobierno mantiene un estricto control sobre la libertad de defensores/as de los derechos humanos y activistas pro reforma. Los periodistas deben autocensurarse con el fin de evitar represalias por parte de las autoridades, a la vez que los profesores universitarios corren el riesgo de quedar sin empleo si critican la cultura omaní o al Sultán. Dado que la Internet está supervisada, las comunicaciones entre los/las defensores/as son problemáticas, a la vez que los sitios web controversiales son bloqueados. Las autoridades hacen uso de procedimientos burocráticos para evitar que las ONG obtengan reconocimiento oficial.

El código penal de Omán permite que se lo interprete de manera muy amplia o muy vaga a la hora de definir aquello que constituya una amenaza a la seguridad, lo que permite que las autoridades acusen a los/las defensores/as ante los Tribunales de Seguridad del Estado. En esta instancia, los acusados ven restringida toda protección legal. En julio de 2005, Abdullah Ryami, dramaturgo y activista de derechos humanos, fue arrestado y mantenido incomunicado luego de criticar a la policía omaní por excesivo uso de la fuerza contra manifestantes en una protesta pacífica. Anteriormente, se le había impedido escribir artículos y producir obras de teatro, ya que se lo había acusado de difamar la reputación del país.