Los defensores y defensoras que combaten los altos niveles de corrupción existentes en el área de discapacidad en Kenia han sufrido una serie de amenazas y actos de intimidación desde la emisión de un documental de investigación que expone la corrupción los días 28 y 29 de julio de 2012, e inclusive semanas antes de que saliera al aire.

Quienes integran la Sociedad keniata de personas con discapacidad mental (Kenya Society for the Mentally Handicapped – KSMH), institución que lidera los esfuerzos de una serie de organizaciones para combatir la corrupción en esta área, ha sufrido particularmente estos ataques.

Además de las amenazas de muerte recibidas por cantidad de defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, se han sucedido otros incidentes en las últimas semanas que despiertan preocupación por su seguridad. Los días 9 y 10 de agosto de 2012, de acuerdo con una fuente considerada confiable por la KSMH, funcionarios que trabajan en el área de discapacidad habrían formulado un plan para asesinar a la Sra. Edah Maina, directora ejecutiva de la KSMH e integrante del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El 28 de julio de 2012, dos hombres vestidos de civil siguieron el vehículo del Sr.David Wanjama, presidente de la Alianza de votantes discapacitados de Kenya (Disabled Voters of Kenya Alliance – DVA). Al hallar al hermano del defensor al volante del automóvil, le indicaron que comunicara a David Wanjama que debía presentarse en la estación de policía del Área Industrial con relación a un presunto accidente que involucraba su vehículo. A la hora de supuesto accidente, el auto estaba aparcado fuera de las oficinas de la KSMH. Los hombres no se identificaron y afirmaron que regresarían a buscar a David Wanjama.

El mismo día, desconocidos ingresaron por la fuerza en el apartamento de Edah Maina, ubicado en un tercer piso, desconectaron el sistema de alarma y las fuentes de energía principal y emergencia; en el momento en que ingresaron no había nadie en el lugar.

Estos incidentes tuvieron lugar el día en que se emitió la Parte I del documental: “La historia secreta: los maestros del engaño” por la televisión keniata. El documental informa que la suma de 1.8 billones de KES (aproximadamente € 17.4 millones) asignados a personas discapacitadas en el 2009, 2010 y 2011 fueron malversados por funcionarios del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (National Council of Persons with Disabilities – NCPWD) y el Ministerio de Género, Niñez y Desarrollo Social, con la colaboración de la organización central denominada Discapacitados Unidos de Kenia (United Disabled Persons of Kenya – UDPK) y las organizaciones que la integran. El documental muestra los esfuerzos realizados por la KSMH para exponer esta corrupción y asegurar que los fondos se apliquen en aquello a lo que fueron destinados.

Aproximadamente una semana antes de la emisión del documental, el Sr. Prabhudnas Pattni, secretario general del Consejo Hindú de África (Hindu Council of Africa) y administrador de la KSMH, participó en un accidente menor cuando viajaba de Kisumu a Nairobi. El accidente fue causado por uno o varios individuos cuya identidad no se conoció, que retiraron las tuercas de una de las ruedas traseras de su vehículo.

También por esos días, integrantes de la KSMH y otras personas comprometidas en la lucha contra la corrupción comenzaron a recibir cada vez más amenazas de muerte anónimas por teléfono. Estas amenazas forzaron a la Sra. Josephine Aska, directora de la Red de Sordos de la Región Central (Central Region Deaf Network) a abandonar su vivienda. Una de estas amenazas, recibida el 20 de julio, decía lo siguiente: “tú y tu banda, deben saber que es tiempo de elecciones, y que si eso sale al aire y estropea mis chances con mi compañero Uhuru, tú desaparecerás igual que el famoso doctor”.

El 23 de julio, cuando los defensores y defensoras intentaron denunciar estas amenazas ante la policía, el primer oficial al que se acercaron se negó a registrar la queja en el Libro de incidentes debido a que podrían implicar a un ministro de gobierno, y el segundo oficial les aconsejó que intentaran denunciar las amenazas en un área rural, donde tanto los denunciantes como el funcionario interviniente correría menos riesgos.

Esta situación tuvo lugar después de que los periodistas realizaron entrevistas a personas afiliadas a la NCPWD, UDPK y las organizaciones que la integran, como así también a funcionarios del Ministerio de Género, Niñez y Desarrollo Social, entre ellos a la Sra. Esther Murugi, ex ministra de esa cartera y la Sra. Naomi Shaban, ministra actual, sobre la evidencia de corrupción que había sido expuesta.

Esta no es la primera vez que integrantes de la KSMH, especialmente Edah Maina, afrontan actos de intimidación y amenazas de muerte debido a la tarea que desempeñan por los derechos humanos. El apartamento de Edah Maina fue allanado ilegalmente después de que en septiembre de 2011 la KSMH inició una acción en judicial contra varios organismos gubernamentales por presunta malversación de fondos. Solamente robaron una linterna pese a que había en el apartamento cantidad de artículos electrónicos valiosos.

Además, después de organizar una manifestación pacífica en marzo de 2011 en la que llamaban a la distribución justa de los fondos asignados al Ministerio de Género, Niñez y Desarrollo Social, los miembros de la KSMH recibieron una serie de amenazas de muerte. Les dijeron que serían decapitados si salían de sus hogares y Edah Maina fue amenazada con el secuestro de su hija.

Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación por la integridad física y psicológica de Edah Maina, David Wanjama, Prabhudnas Pattni y Josephine Aska y la de sus familias y la de todas las personas comprometidas en la lucha contra la corrupción en el área de discapacidad en Kenia. Front Line Defenders condena las reiteradas amenazas de muerte y otros actos de persecución contra los mencionados defensores y defensoras de los derechos humanos y considera que están motivadas únicamente por las actividades legítimas en defensa de los derechos humanos.