El 24 junio de 2011, la organización de derechos humanos Justicia para Nuestras Hijas, denunció un intento de allanamiento en sus instalaciones en la ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua. Este incidente ocurrió horas después de que Norma Ledezma, Coordinadora General de la organización, participó en el diálogo público con el Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Justicia para Nuestras Hijas investiga y denuncia casos de feminicidio y desaparición de mujeres y niñas en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua.

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El 24 de junio de 2011, aproximadamente a las 4:30 am, se activó un sensor de la alarma en las instalaciones de Justicia para Nuestras Hijas. Un miembro del personal que se desplazó al lugar de los hechos, observó que habían intentado abrir por la fuerza una de las puertas, lo que habría activado la alarma. Unas horas después, a las 8:30 am, la alarma se activó de nuevo, indicando que los autores habrían regresado para volver a intentarlo. Este incidente tuvo lugar al día siguiente de que Norma Ledezma, Coordinadora General de la organización y madre de la víctima de feminicidio Paloma Angélica Escobar Ledezma, participó en un diálogo público por la paz, junto con otros familiares de víctimas de feminicidios y en presencia del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Durante la reunión, Norma Ledezma denunció públicamente casos de desapariciones forzadas a manos de funcionarios del ejército mexicano y confirmó que había conseguido una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, el 28 de junio de 2011, para tratar el caso específico de la desaparición de Nitza Paola Alvarado, Rocío Irene Alvarado y José Ángel Alvarado en diciembre de 2009. Norma Ledezma exigió justicia en los feminicidios de Marisela Escobedo Ortiz y su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, y subrayó la ineficacia de las autoridades involucradas en la investigación y la posible complicidad de la policía federal en la protección del asesino de Rubí. Además, expresó su preocupación por los altos niveles de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y declaró que el caso de su hija Paloma Angélica Escobar Ledezma se había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este intento de allanamiento es el segundo incidente de seguridad en este mes de junio. El 20 de junio de 2011, aproximadamente a las 4:00 am, el correo electrónico de Justicia para Nuestras Hijas fue hackeado. Además, el autor de este ataque informático logró acceder al blog de la organización y borrar información relacionada con datos estadísticos sobre los feminicidios, así como la publicación mensual que incluía evidencias de un aumento en el número de asesinatos de mujeres en el Estado de Chihuahua. Este incidente ocurrió tras una serie de actos de intimidación y asesinatos de defensores de los derechos humanos en Chihuahua. El 24 de marzo de 2011 y el 12 de diciembre 2010, Front Line publicó llamados urgentes en relación con el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz y miembros de su familia.

Front Line considera que el intento de allanamiento de las instalaciones de Justicia para Nuestras Hijas está directamente relacionado con sus actividades legítimas y pacíficas en defensa de los derechos humanos, en particular, con su labor en la investigación de los casos de feminicidio en el Estado de Chihuahua. Front Line considera que las autoridades mexicanas deben dar muestras de su compromiso en la lucha contra la impunidad y tomar todas las medidas necesarias para poner fin al alarmante patrón de feminicidios que se observa en el Estado de Chihuahua.