Los/las defensores de los derechos humanos en Yemen son objeto de hostigamiento, amenazas de muerte, detención arbitraria, procesos judiciales inventados y torturas, incluyendo castigos corporales. La constitución de Yemen establece que la libertad de expresión y de prensa están garantizadas dentro del marco de la ley. Sin embargo, los/las defensores/as de los derechos humanos y promotores de la democracia han sido víctimas de la ambigüedad de la legislación. Periodistas, defensores/as de los derechos humanos y académicos son tratados como sospechosos, y la Policía de Seguridad ha secuestrado e incomunicado a defensores/as a punta de pistola.

El gobierno de Yemen buscó posicionarse a favor del gobierno de los Estados Unidos en su “guerra contra el terror”. Muchos defensores/as de los derechos humanos han sido arrestados acusados falsamente de apoyar grupos de militantes terroristas. Gran parte de los progresos logrados por los/las defensores/as de los derechos humanos en los años anteriores al 9/11 fueron socavados por una dura legislación introducida por las autoridades de Yemen en el 2001. Por ejemplo, el parlamento aprobó una ley de Asociaciones y Fundaciones, la que regula la formación de las ONG. La constitución permite la libertad de reunión, aunque a menudo detiene activistas con el fin de prevenir la organización de manifestaciones. Las autoridades esperan poder restringir las actividades de los/las defensores/as de los derechos humanos mediante la utilización de medios burocráticos, y de intimidaciones tanto físicas como psicológicas.

La comunicación entre los/las defensores/as de los derechos humanos es problemática, dado que las autoridades monitorean la Internet y bloquean los sitios web. Los periodistas que promueven la reforma corren el riesgo de ver cerradas las redacciones de sus periódicos y de que les confisquen sus propiedades. En junio de 2008, Abdulkarim Al-Kahiwani, ex director en jefe del periódico pro democrático al-Shoura, fue sentenciado a seis años de prisión, luego de que se lo acusara de insultar al presidente y de “desmoralizar al Ejército". La oficina de su periódico fue clausurada y el sitio web, bloqueado. Al mes siguiente, los periodistas y activistas de derechos humanos intentaron llevar a cabo una sentada en la capital, Sana'a, pero fue dispersada al poco tiempo, cuando las autoridades golpearon a los participantes y los arrestaron arbitrariamente.