Las ONG de derechos humanos ven negada sistemáticamente su solicitud de inscripción, a la vez que el Código Penal criminaliza a quienes integran grupos no registrados. De acuerdo con el Artículo 193-1 del mencionado código, la “organización o actividades ilegales de asociaciones públicas, grupos religiosos o fundaciones o la participación en estas” es punible con entre seis meses y dos años de prisión. Las reformas legislativas aprobadas en el 2011 no autorizan a las ONG a tener contar con fondos en el exterior y disponen responsabilidad penal por la recepción de subvenciones o donaciones extranjeras “en violación con la legislación bielorrusa”. Estos cambios fueron adoptados en relación con el caso del destacado defensor de los derechos humanos Ales Bialiatski, arrestado en agosto de 2011 por acusaciones armada en su contra de evasión fiscal y sentenciado en noviembre de 2011 a cuatro años y medio de prisión y la confiscación de todas sus propiedades.

La impunidad reinante con que se mueven los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley contribuyó al aumento de las violaciones a los derechos humanos, entre ellos al uso de tortura aplicada a políticos opositores y defensores/as de los derechos humanos cuando son detenidos. Abogados y abogadas de derechos humanos fueron expulsados de sus asociaciones por haber representado a activistas de la oposición, denunciado sus condiciones de detención y la violación de las garantías del un juicio imparcial; también se produjeron arrestos en masa de manifestantes.

La comunidad de derechos humanos fue acusada de responder a motivaciones políticas y de canalizar fondos occidentales destinados a financiar la “oposición radical” interna. Durante el año 2011 y el 2012 fue objeto de una represión sin precedentes: arrestos, allanamientos en hogares y oficinas, confiscación de equipamiento electrónico y documentación, espionaje policial y una intensa campaña de difamación en los medios de comunicación controlados por el estado, se volvieron cotidianos.

Las autoridades continúan prohibiendo manifestaciones pacíficas por razones espurias, dispersan manifestaciones no autorizadas y arrestan a las personas que participan en ellas. La Ley de Reuniones Públicas otorga a las autoridades locales el derecho a decidir la fecha, hora y lugar en que se realizarán estos actos y a señalar aquellos sitios donde no está permitido manifestarse. Este poder se utiliza arbitrariamente para ocultar los actos y protestas de la atención pública: en la mayoría de los pueblos de Belarús no pueden celebrarse manifestaciones en el centro de la ciudad: quienes participaron de manifestaciones no autorizadas fueron condenados sistemáticamente a arrestos administrativos o el pago de multas.

Desde el mes de marzo de 2012 se impusieron restricciones a la libertad de circulación de varios destacados defensores y defensoras de los derechos humanos que durante muchos años han hecho frente a impedimentos de tipo administrativos al intentar recuperar su derecho a la libertad de circulación.

La detención administrativa se ha utilizado de forma regular para silenciar a quienes protestan en forma individual, a periodistas y defensores/as de los derechos humanos.